El grito de las barriadas porteñas, luego extendido a otros lugares del país, no solo expresó un rechazo inmediato al mega DNU mileista, sino que fue demostrativo de la comprensión de una gran parte del pueblo, sobre lo esencial de la disputa del momento. “La Patria no se vende”, puede interpretarse como una respuesta política colectiva, impulsada desde una legítima intuición emocional. Sin embargo, emerge desde un núcleo cultural–político amalgamado a lo largo de nuestra historia democrática, particularmente desde la conquista del voto secreto, obligatorio y “universal” (el concepto de universal queda impugnado por la ausencia del voto femenino), lo cual coincide con los “100 años de decadencia» que impugna Milei. Desde las rebeldías que fundaron la patria derribando un imperio de 300 años a lo largo de los cuales se practicó un gran genocidio para usufructuar nuestras riquezas; para luego atravesar un largo recorrido de luchas enfrentando a oligarquías represivas durante el “fraude patriótico», y desplegando a lo largo de todo el siglo XX grandes movimientos sociales y políticos, particularmente la emergencia del peronismo, atravesando dictaduras, creando cordobazos, la emergencia de Madres y Abuelas, refundando la democracia, y finalmente, la insurrección popular del 2001 que derrota al gobierno de las corporaciones y de Wall Street de De la Rúa y Cavallo; y la emergencia del fenómeno histórico kirchnerista como respuesta democrática y popular.
“La Patria no se vende» se propone cerrarle el paso a esta incursión neocolonialista que intenta acometer con el gastado slogan de “la herencia recibida”, ahora reciclado a “la bomba a punto de estallar”.
Los ciudadanos que protagonizaron los espontáneos cacerolazos de los últimos días decidieron sobre la marcha desconocer el engendro anticonstitucional autodenominado por la ministra Bullrich “protocolo de seguridad”. El mismo se inspira en una visión no sólo autoritaria que niega principios constitucionales, sino que implica una clara provocación a buena parte de nuestra sociedad democrática.
El componente ideológico del gobierno que niega y rechaza cualquier diferencia, se complementa con un intento de implantación de sus narrativas sobre la inevitabilidad y legitimidad electoral del “ajuste doloroso”: “no hay plata”, el “problema” es el déficit fiscal. Va quedando claro el desenmascaramiento del invento de que el ajuste lo pagaría la casta. La sociedad comienza a sentir el estallido de la bomba de precios, potenciada por la devaluación brutal de Caputo y la “libertad» absoluta que autoriza a los formadores de precios a desabastecer y remarcar, como tiburones devorándose a las sardinas.
Desde un revanchismo clasista y antipopular en términos ideológicos, que recoge y potencia las tradiciones más cipayas, el gobierno de Milei está decidido a enajenar todas nuestras riquezas naturales y empresas del Estado: petróleo, minerales, tierras, el agua, productos y economías regionales, desarrollos científicos, telecomunicaciones, redes de comercialización, nuestra moneda; hasta la privatización del sistema de educación pública y la eliminación de las conquistas en materia de derechos laborales, sociales y culturales.
Pasadas dos semanas de la asunción presidencial transitamos una situación inédita en la historia de los gobiernos constitucionales consagrados por el voto ciudadano. En su primer discurso, el Presidente se coloca de espaldas al Congreso, con el propósito deliberado de menospreciarlo en términos institucionales y políticos. Peor aún, su objetivo es señalar a los representantes del pueblo como la casta culpable de la decadencia de un siglo. Desde el mesianismo imperante en el núcleo áulico presidencial, imaginaron que una multitud lo aclamaría como un nuevo salvador. No hubo tal pueblada, incluso sus simpatizantes, bastante confundidos por el discurso, cubrieron solo una mitad de la Plaza Congreso. De hecho, en los cacerolazos se congregaron más ciudadanos que el día de la asunción presidencial.
Resulta incontrastable la verificación de que “el gran decreto que cambiará 100 años de decadencia histórica”, fue redactado por escribas de las grandes corporaciones, quienes ante el inesperado triunfo, no pudieron resistir a la tentación pecaminosa de sumarse al despojo. Su afán de enriquecimiento los desbordó, de allí que dejaron para más ver sus hipócritas discursos republicanistas. Los grandes medios hegemónicos resaltaron el apoyo irrestricto al decreto: IDEA, la UIA, AEA, CAC y la infaltable Amchan (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina). Estas sagradas representaciones de las grandes fortunas del país, se proponen además del latrocinio económico, la remodelación del sistema jurídico para transformar a la Argentina en una factoría productora de granos y minerales, que serán explotados por multinacionales ávidas de riquezas estratégicas y negocios fáciles. Además trasladarán sus contaminaciones y poluciones a nuestras tierras, ya que en sus propios territorios están prohibidos. Se lanzan también a liquidar los derechos y conquistas laborales alcanzados por los trabajadores con sus luchas de las primeras décadas del siglo XX, muy especialmente los avances sociales, laborales y sindicales del primer peronismo y el kirchnerismo. El presidente Milei y sus ministros macristas se afirman en la tradición ideológica y política del cuarteto Martínez de Hoz-Menem-Cavallo-Macri. Todos ellos protegidos por el gran demiurgo: el imperialismo de la Casa Blanca, autodenominada “fuente de toda democracia», a pesar de haber sido el organizador de todo tipo de golpes de Estado a lo largo de nuestro continente, y que ahora “tácticamente” decidieron apoyar al inesperado Milei, como expresión de un neothatcherismo al que siguen abrazando. La respuesta democrática surgió de las calles. De eso se trata. Combinar esta lógica política que viene desde “el subsuelo” con todas las fuerzas organizadas: sociales, sindicales, culturales, feminismos, para articular una fuerte unidad, condición indispensable para encauzar la lucha del pueblo.