Página/12 | Opinión
Desde esta columna venimos señalando que lo central del debate acerca del presente y futuro de nuestra ciudad está planteado en la contraposición entre el proyecto político e ideológico de Juntos por el Cambio y el programa de Unión por la Patria que está en sus antípodas ideológicas. Uno se sustenta en los conceptos y líneas de acción de la derecha moderna que amalgama a viejos núcleos tradicionales reaccionarios junto a otros que “renuevan” el discurso y han logrado sumar en los últimos tiempos nuevos adherentes, particularmente de sectores que abrevaron históricamente en la identidad del radicalismo. Su antítesis se sustenta en otras tradiciones políticas y culturales: el peronismo como núcleo principal, con una fuerte y determinante impronta kirchnerista en el eje principal. A partir de las rupturas con el establishment iniciadas por Néstor y continuadas por Cristina, al espacio se sumaron fuerzas de izquierda progresistas, y se obtuvieron logros trascendentes en materia de distribución de ingresos, de recuperación y creación de nuevos derechos culturales y civiles, una clara política de reivindicación de los derechos humanos enfrentando a las rémoras de la ultra derecha dictatorial. El fenómeno kirchnerista fue concitando otros apoyos de la ciudadanía independiente, de la tradición del progresismo cristiano y de bastos núcleos juveniles que se sintieron interpelados por una notoria novedad histórica. La actual encrucijada en nuestra ciudad plantea nuevamente el gran reto de configurar un amplio espacio político cultural que oriente las estrategias públicas y el gigantesco presupuesto porteño al desarrollo de una Ciudad que priorice la reducción de las cada vez más marcadas desigualdades sociales, el cuidado del medio ambiente acorde a las necesidades actuales de una gran urbe, el acceso a la vivienda, particularmente para los jóvenes, una mejora radical de la educación y la salud pública, un servicio de transporte ecológico y eficiente y una planificación del Estado con participación ciudadana, para que sea el pueblo porteño y no el mercado el principal beneficiario de la administración gubernamental. Desde hace más de tres lustros el gobierno macrista desprecia lo público, no solo en lo relativo al rol del estado garantizando derechos en representación de las mayorías, ahora subordinadas al poder económico de corporaciones empresarias como la de los constructores, sino potenciando lo público como espacio e instancia de participación y vida colectiva.
La reciente filtración de un video que muestra a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, declarando la necesidad de desplazar de la comunidad educativa a las cooperadoras escolares, es otro ejemplo de la ideología que alimenta al Gobierno de la Ciudad y que tiene como precepto el rechazo a toda forma de participación de la ciudadanía en la cosa pública, y más aún que se organice para aportar a los asuntos relativos a la vida común. Allí donde exista una participación activa, democrática y genuina de los y las vecinas, el gobierno porteño ejecuta todas las medidas que estén a su alcance para impedirlas y anularlas, llegando hasta la aplicación de sanciones, la activación de procesos judiciales y la intervención. A la condena se le suma la estigmatización, proyectando connotaciones descalificantes relacionadas a la política y la ideología, culpabilizando a los núcleos humildes, abarcando el rechazo a toda idea relacionada con el valor de lo público, llegando inclusive a la negación de la educación laica, gratuita y obligatoria, al igual que la salud pública. La Ministra no considera al pueblo como ciudadano sino como votante a quien se modela desde la propaganda. Esta derecha “moderna” ha creado la idea de la meritocracia revestida de apoliticismo, presentándola como un nuevo valor fundamental para la vida. La ofensiva contra docentes y estudiantes; el rechazo a las audiencias públicas ciudadanas que se pronunciaron masivamente contra la venta de la ribera porteña, al igual que otras iniciativas populares como el creciente movimiento barrial en defensa de sus identidades y de su espacio urbano; el reciente desalojo con represión en la Casa Pringles, un espacio que estaba habitado por mujeres y niños que escapaban de situaciones de violencia, dan cuenta del profundo desprecio larretista hacia la gestión comunitaria y las más elementales nociones de vida y respeto al medioambiente común.
La idea central de participación activa de la ciudadanía desde cada barrio y comuna, escuela o centro social y cultural choca contra el modelo del PRO. ¿Cómo entender la impugnación y rechazo para que las cooperadoras escolares participen de la gestión de la calidad del servicio de viandas que las empresas contratadas entregan a sus hijos? La misma lógica explica la negativa a los reclamos para que se detengan las construcciones de edificios monstruosos que nos sacan espacios comunes y plazas y en cambio agregan calor y polución. El gobierno porteño continúa privilegiando su sociedad con los grandes negocios que lucran con lo público. No se trata de hacer una crítica simplista a lo privado. El poder público debe convivir con la actividad privada aportando la máxima eficiencia a la calidad de los servicios a los usuarios. La conjunción de planeamiento estatal, participación pública y el rol del sector privado debería ser un novedoso modelo de gestión.
Los y las porteñas habitamos una ciudad expulsiva e insolidaria cada vez más polarizada que refuerza prejuicios y deteriora la calidad de vida de los sectores medios y bajos. La inscripción de los niños a la escuela se ha transformado en una odisea y cada vez resulta más difícil alquilar una vivienda La ciudadanía porteña merece un gobierno diferente, con una orientación que favorezca las necesidades, aspiraciones y deseos de las mayorías, que tenga como meta generar los espacios políticos e institucionales para la participación activa del pueblo en la gestión y para la construcción de una convivencia virtuosa y democrática.