Tiempo Argentino | Opinión
En agosto de 1989 Carlos Menem logró sancionar las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, con tan solo un mes de gestión. La primera ley (23.696) autorizaba la privatización de empresas públicas; mientras que mediante la segunda (23.697), el Congreso le confirió poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo Nacional para gobernar por decreto. Fue el puntapié inicial para el proceso de desguace, disfrazado de «reforma», que continuó durante toda la década del noventa.
Algo similar ocurrió en diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri comenzó a gobernar con razones de «necesidad y urgencia» aprovechando el receso del Congreso, eludiendo el debate legislativo y las representaciones emergentes de la voluntad popular. Los decretos tienen por objetivo implementar una segunda y despiadada reforma del Estado y de los parámetros que rigen la vida económica y social. Los despidos masivos y precipitados lo demuestran con toda crudeza, aunque los atribuyan a «ñoquis» o «grasa militante».
Entre los principales cambios en clave «institucional», cabe destacar la disolución de la AFSCA, la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los decretos que declaran la emergencia estadística y la energética, y el intento de incorporar jueces supremos sin participación del Congreso. Seguramente se sucedan otros más, ya que esa es la ideología del macrismo.
La emergencia estadística permitió «intervenir» el INDEC y evitar mostrar el severo impacto sobre los precios que tuvo la devaluación en un momento clave, ya que se acerca el inicio de las paritarias y el gobierno advirtió que los trabajadores tendrán que allanarse a perder ingresos a cambio de no perder el trabajo. Otra emergencia, la energética, implica por su parte el abandono del objetivo estratégico del autoabastecimiento. También va en ese sentido la anulación por decreto de la norma que regulaba las inversiones y los permisos de exploración y explotación del sector hidrocarburífero. En suma, las empresas petroleras privadas, guiadas por el objetivo de potenciar su tasa de ganancia, han vuelto a tener el timón en la planificación de un sector estratégico para el país. Basta registrar que el ministerio de un área crítica para la soberanía nacional, como es el petróleo y la energía, «le fue entregado» a la angloholandesa Shell.
En el listado de iniciativas «reformistas» se debe incluir la creación del ministerio de Modernización, un rótulo poco creativo que parece inspirarse en la tristemente célebre frase menemista «achicar el Estado es agrandar la Nación», hipótesis que se valida a partir del despido de decenas de miles de trabajadores del sector público. Estas políticas del estado privatista no son independientes de los efectos de la fenomenal transferencia de recursos a los grandes propietarios y exportadores del campo a través de las retenciones, que generan desfinanciamiento del Estado y tendrá un fuerte impacto en los montos y finalidad del gasto, principalmente en la esfera social, la de los salarios y las jubilaciones.
A esta altura resulta obligatorio preguntarse hasta cuándo se podrá disimular la contradicción de fondo que plantea la lógica política del gobierno nacional: la satisfacción de los intereses de los grandes inversores privados, solo puede lograrse por medio del disciplinamiento de los trabajadores por la vía del desempleo y a costa de sus ingresos, y el de las pequeñas y medianas empresas que producen para el mercado local.
Esta contradicción de fondo se desnudó en la conferencia de prensa de Macri, cuando se le preguntó por los despidos en el Estado. Como parte de su respuesta, el mandatario señaló: «Como presidente quiero que tengamos una Argentina donde cada uno de nosotros encuentre la manera y el lugar donde ser feliz.» Todos ya sabemos que no existe «manera y lugar» para la felicidad cuando te empujan a la pérdida de ingresos o, directamente, a la desocupación. Un proyecto sustentado en la premisa de que la mano invisible del mercado equilibrará a la «convivencia de los tiburones con las sardinas», no está orientado a la «felicidad». Por esos caminos se amplificarán los patrones de desigualdad y pobreza existentes.
Los poderes concentrados, locales e internacionales, han vuelto a escena y son ahora los que manejan los resortes de las principales políticas de Estado. En una entrevista reciente (El Cronista, 13 de enero) Miguel Blanco, coordinador del Foro de Convergencia Empresarial dejó en claro quienes son los ideólogos del plan actual, al sostener: «El Foro hizo una serie de propuestas sobre temas institucionales, económicos y sociales que son las condiciones para la inversión. Esto hoy se está implementando.» También fue sincero al decir que la inflación reducirá su ritmo en el segundo semestre porque todavía falta que se reacomoden algunos precios relativos, entre ellos, los de las tarifas públicas. El ministro del área, ya anunció para febrero aumentos del 200 al 500 por ciento.
Por un camino de sinceramiento similar transitó Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), al afirmar: «No veo ninguna posibilidad” de que los precios de los alimentos y bebidas bajen, desmintiendo a los ministros quienes le dicen a la población que sus invocaciones a los empresarios para que retrotraigan los precios, están siendo escuchadas. No obstante, el líder industrial se mostró «partidario de la moderación, la prudencia, la razonabilidad y el diálogo social».
Funes de Rioja dio la pauta de la visión del gran empresariado local y extranjero nucleado en el Foro, que insta a que los salarios se aten a las metas rígidas de inflación que estableció el gobierno, que se ubican muy por debajo de la inflación del último año y de la prevista para el 2016. La conducta del empresariado es la de siempre: suben los precios, ya que son sus formadores y beneficiarios, y luego los salarios tendrán que ir por debajo para que haya «competitividad».
Observando las bases de sustento de este gobierno, y las acciones que se han implementado, cada vez es más evidente que el horizonte para quienes viven de sus salarios y para las Pymes, se aproxima a un déjà vu que transitará por un camino ya muy trillado.
Todo indica que ese plan será muy difícil de llevar a la práctica, ya que la mayoría de la sociedad ha incorporado nuevos derechos y no tolerará su pérdida.
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