En los últimos días, las corporaciones empresarias intensificaron su ofensiva para instalar la agenda del próximo gobierno, mientras continúa el silencio programático del arco político opositor.
Por Juan Carlos Junio
En los últimos días, las corporaciones empresarias intensificaron su ofensiva para instalar la agenda del próximo gobierno, mientras continúa el silencio programático del arco político opositor. Un fiel reflejo de las posturas de los «hombres de negocios» fue el último documento del Foro de Convergencia Empresarial. Este espacio se presenta como el más representativo, ya que aglutina a los factores del poder más concentrado, tanto de la gran burguesía local como de las multinacionales extranjeras y organizaciones profesionales del mismo sesgo ideológico. El tema principal que abordaron quienes componen este núcleo es el del rol del Estado. En su manifiesto exigen el retiro de la gestión estatal de toda actividad productiva estratégica, con el objeto del retorno irrestricto de los capitales privados, sin «perturbaciones anacrónicas del Estado». Se rebelan también contra cualquier regulación en los precios de los productos que fabrican y distribuyen, reclamando una vez más «libertad de mercado» para remarcarlos discrecionalmente.
De modo más reciente, la Sociedad Rural Argentina (SRA), una de las entidades que participa del mencionado Foro, presentó la semana pasada su propio documento: «La Agenda del Campo». Allí brega por la eliminación de las retenciones a la exportación y del impuesto al cheque, la reducción de impuestos provinciales y tasas municipales. Más allá de la defensa extrema de los intereses de los tradicionales dueños de la tierra, el enfoque planteado constituye un callejón sin salida para el conjunto de la sociedad ya que necesariamente implica un desfinanciamiento del Estado, por lo que la ecuación sólo podría cerrar con el recorte del gasto, particularmente el social, que ha tenido un crecimiento exponencial en estos años de gobierno kirchnerista. En el texto se observa claramente que la entidad busca incidir sobre las políticas impositivas y el salario, ejes centrales que determinan la distribución de la riqueza. En suma, los patriarcas del campo se proponen lisa y llanamente no pagar impuestos. Se infiere que consideran y exigen que ese «acto obsoleto» lo deban cumplir los otros sectores sociales.
También calzan como anillo al dedo las palabras de Juan Carlos Sacco, vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina (UIA) -organización que también milita en el Foro-, quien pocos días después de pedir la extinción de las paritarias sostuvo: «El problema son los salarios, que son muy altos y no nos permiten competir internacionalmente.» Conservadurismo en dosis elevadas, muchas veces revestido con la vetusta y falsa idea del «derrame», que atraviesa todo el diagnóstico y las recomendaciones de la derecha ideológica y política. Lo valorable de los dichos del «señor» Sacco es su franqueza: desde su perspectiva, hay que terminar con las paritarias y bajar los salarios.
Otro gran axioma del neoliberalismo que la realidad se encargó de refutar es el de los beneficios que aportaría la desregulación del mercado laboral. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó recientemente el informe «Perspectivas sociales y del empleo en el mundo, el empleo en plena mutación». La entidad afirma que «la reducción de la protección de los trabajadores no conlleva una reducción del desempleo. De hecho, los resultados indican que (…) su aplicación será con toda probabilidad contraproducente para el empleo, tanto a corto como a largo plazo».
El reputado informe también señala que el cambio en las relaciones de empleo «contribuye a la creciente desvinculación entre los ingresos del trabajo y la productividad», lo cual está en la base de la creciente desigualdad y la insuficiencia de la demanda. Consecuentemente, la OIT recomienda políticas públicas para promover el empleo permanente, a tiempo completo y dependiente, en tanto se debe «asegurar una protección adecuada para los trabajadores ocupados en todos los tipos de empleo». Todo lo contrario de lo que practican en la «moderna Europa» los gobiernos liberales y socialdemócratas, y de las medidas que las corporaciones nos proponen para nuestro país, que significarían una vuelta a los enfoques del menemismo y la Alianza.
En tanto, la OIT identifica a la Argentina como uno de los pocos que mediante «la adopción de modalidades innovadoras de protección social ha ayudado a mejorar la seguridad del ingreso de los trabajadores en situaciones de empleo vulnerable». De hecho, en un recuadro especial –»Consolidando la protección social en Argentina»– también hace un análisis histórico de lo ocurrido tras la crisis de 2001, valorando particularmente el Plan de Inclusión Previsional, la Asignación Universal por Hijo y el conjunto de políticas articuladas por el Ministerio de Trabajo para reducir el empleo informal, que bajó 14,6 puntos porcentuales entre 2003 y 2012, hasta llegar al 34,6 por ciento. Con el objetivo de mitigar las consecuencias de este tema crucial del trabajo no registrado, que mantiene a millones de trabajadores sin derechos sociales como la salud y la jubilación, se avanzó también con trascendentes iniciativas en la legislación, como en el caso de los peones rurales o el de las/os trabajadoras/es de casas particulares. Sin embargo, como el nivel continúa siendo elevado, se están desplegando nuevas acciones y reconocemos que será un desafío permanente tanto para el presente como para el futuro gobierno.
Las afirmaciones del informe de la OIT son de particular riqueza y barren con muchos de los preceptos que en materia laboral y social bajan desde la estructura conceptual de los «expertos económicos», para ser utilizados «llave en mano» por el establishment y los miembros más encumbrados de la oposición política.
En un mundo impactado por la crisis del sistema capitalista, particularmente en su epicentro europeo y norteamericano, es preciso garantizar la existencia de un Estado fuerte y con herramientas legales para proteger el empleo y los ingresos de los sectores más vulnerables de la población. El trabajo como viga maestra del proyecto político ha sido uno de los mayores méritos del gobierno nacional. Se trata de sostener a rajatabla el mercado interno y la ocupación como punto central de la actividad productiva, con vistas a seguir avanzando en la distribución de la riqueza, enfrentando a los sectores monopólicos y extranjerizados que pugnan por el dominio de nuestra economía.