El documento del foro de convergencia empresarial
Denominado «El Rol del Estado y el buen gobierno Republicano», expresa la línea política del arco empresario más concentrado y extranjerizado.
Los candidatos presidenciales de la derecha vernácula recibieron en la semana las bases del programa de gobierno que por ahora no se animan a presentarles abiertamente a los ciudadanos. Se trata del nuevo documento del Foro de Convergencia Empresarial «El Rol del Estado y el buen gobierno Republicano».
El texto expresa la línea política del arco empresario más concentrado y extranjerizado, que rechaza abiertamente las políticas públicas impulsadas durante todos estos años, y presiona para instalar la idea de que es preciso redefinir el papel del Estado, con la finalidad de garantizar los derechos de propiedad y el principio de máxima ganancia.
El discurso empresario define al Estado como una simple herramienta de gestión, ajeno a la puja de intereses y a las contradicciones que inevitablemente se generan en la puja distributiva. Si bien señala que el Estado debe «tomar sus decisiones con independencia de cualquier grupo de interés privado», en los hechos lo ubica esencialmente como una instancia sometida a la «voluntad discrecional, cuando no autoritaria», y a partir de esa impugnación deriva en su tradicional planteo exigiendo «independencia» del Poder Judicial. No podía faltar el rechazo tajante a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ya que –desde su perspectiva– en todos los países «normales» la entidad monetaria está subordinada a los intereses del poder financiero internacional. Es que, a partir de la reforma, el BCRA desplegó una intensa gestión regulando las políticas crediticias del sistema financiero, favoreciendo a las pymes con líneas de crédito a tasas bajas en una dimensión que nunca había tenido. De allí que la Asociación de Bancos de la Argentina, que paradójicamente nuclea a los bancos extranjeros, haya sido uno de los principales impulsores y voceros del poderoso grupo empresario.
Al igual que en el anterior documento del Foro, el texto intenta en vano destacar las virtudes del libre mercado o, dicho de otra forma, de la fábula del tiburón y las sardinas. Sostiene que «deben modificarse las normas que permiten al Estado la intervención discrecional dentro del ámbito de las empresas privadas, tales como la Ley de Abastecimiento». Quieren que creamos que el pez grande no se comerá al pequeño. Las leyes en cuestión fueron pensadas por el gobierno precisamente para evitar los abusos en los precios por parte de los grandes monopolios que afectan directamente el bolsillo de los consumidores, o sea, de los ciudadanos. En igual sentido, reclaman modificar el artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales, a los efectos de minimizar el control de los reguladores.
Estos criterios también se expresan en torno a la inflación, al señalar que «es fundamental que exista un sistema que permita que los precios de los bienes y servicios se construyan sin injerencias arbitrarias del gobierno», aunque luego reconocen que «es indispensable impedir que la formación de precios se vea afectada por prácticas monopólicas y oligopólicas por abuso de la posición dominante». Se trata de un clarísimo contrasentido que al principio expresa su visión ideológica sobre el tema, pero luego queda atrapado en el reconocimiento de la imposibilidad de que se cumpla sin perjudicar a la mayoría que se vería afectada.
El documento transita por la complejidad de otros terrenos escabrosos como el de la privatización de las empresas públicas, supeditando la gestión estatal «de los medios de producción», a que sean «justificadas y reguladas legalmente con carácter previo y sometido luego a controles estrictos de calidad, responsabilidad y transparencia en la gestión».
Los grandes empresarios demandan exigencias extremas a la gestión estatal, que la actividad privada cuando administró empresas públicas jamás tuvo en cuenta, y dejan entrever que si no se cumplen esas pautas, lo lógico sería enajenarlas nuevamente. Nos presentan un discurso privatista un tanto solapado y brumoso que no debe ser minimizado. Ese ideario choca de frente con el imaginario de una sociedad que ha hecho su experiencia y ahora valora la gestión pública de empresas estratégicas –como YPF y Aerolíneas Argentinas– o los fondos jubilatorios.
Otro de los puntos cruciales en que pone el acento el Foro, ya hacia el final del documento, es en la ubicación internacional del país, desnudando su proyecto de inserción pasiva en el actual esquema capitalista de división internacional del trabajo y de integración subordinada a las grandes potencias. Al respecto, sostiene que nuestro país «debe forjar la mayor cantidad de alianzas con las naciones del mundo; y con este objetivo debe participar, efectiva y profesionalmente, en todos los organismos y foros internacionales para desarrollar la mejor relación posible con el resto del mundo». Sin dudas, se trata de una bienvenida a los esquemas perimidos de libre comercio que destruirían nuestra industria, particularmente a las pequeñas empresas, y nos llevarían otra vez al endeudamiento con los organismos de crédito (FMI, Banco Mundial) que ya sufrimos durante décadas y que termina lesionando nuestra soberanía. Con palabras «serias y bonitas» nos quieren empujar hacia los patrones de dependencia y colonialismo que se observaron en distintas etapas de nuestra historia.
El accionar de las corporaciones multinacionales y locales forma parte de una misma búsqueda por reencarnar un pasado trágico en el presente. La fecha patria nos convoca a recurrir a los hombres sabios y revolucionarios, fundadores de nuestra Nación: Mariano Moreno, siguiendo a Gaetano Filangieri, señaló en su «Plan de Operaciones» que «el monopolio es un atentado contra la libertad humana». La idea sigue tan vigente como siempre, incluso teniendo en cuenta el corte profundo que recibió el neoliberalismo y sus mentores ideológicos y políticos a partir de los grandes cambios que se generaron con el advenimiento de Néstor Kirchner.
La auténtica independencia económica sigue siendo una tarea histórica inconclusa y exige continuar por la senda que ahora transitamos, avanzando con determinación y democratizando aun más nuestra economía frente a los núcleos concentrados y extranjerizados que todavía hegemonizan importantes resortes de nuestro sistema productivo, restringiendo la necesaria redistribución de riquezas a favor de las grandes mayorías sociales.