Tiempo Argentino | Opinión
Los candidatos de la oposición comienzan a definir sus planes para cerrar alianzas con el poder empresario y lograr su apoyo para llegar al gobierno.
Por Juan Carlos Junio
Tras las brumas que tratan de instalar los principales medios hegemónicos, los candidatos de la oposición comienzan a definir sus planes con vistas a cerrar alianzas con el poder empresario y lograr su apoyo para llegar al gobierno. Como reflejo cabal de la sociedad que anhelan, sus apariciones se expresan en discursos poco sinceros y –en algunos casos– recurren a la famosa máxima de Menem: «Si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie.» La estrategia opositora contrasta con la gestión de un gobierno que ha ampliado notablemente los márgenes de soberanía nacional y el horizonte de derechos sociales y culturales.
Un buen ejemplo de estos ardides retóricos son los utilizados alrededor del proyecto de ley –aprobado esta semana por la Cámara de Diputados– que recrea la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que asumirá la gestión integral del transporte de pasajeros de corta, mediana y larga distancia. El proyecto en cuestión, en su Artículo 1 declara «de interés público nacional la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura y la incorporación de tecnología». Ante esta iniciativa histórica del gobierno, los dirigentes del PRO Federico Sturzenegger y Guillermo Dietrich publicaron en el diario El Cronista del 7 de abril la nota: «Por qué apoyamos el proyecto de ferrocarriles». En el artículo, señalan que «no es claro que la operatoria vaya a ser rentable para este operador estatal, pero la carga por tren reporta importantes externalidades». Las necesidades electorales generan virajes sorprendentes, que sólo se explican en el notable cambio ideológico de los usuarios de los trenes, quienes apoyan mayoritariamente la gestión estatal, frente a la fracasada y anacrónica gestión privada. El proyecto, que logró media sanción de Diputados y amplísima mayoría, incorpora la participación en el directorio de dos representantes de los trabajadores y uno de los usuarios, un reclamo histórico de nuestro movimiento cooperativista, plasmado en «La propuesta cooperativa para refundar la Nación», un documento publicado en el año 2001 y que tuvo sucesivas ediciones en 2002, 2003, 2005 y 2008.
El macrismo aparenta tomar distancia del discurso derogador de leyes progresistas de tiempos recientes. Sin embargo, la oposición política del partido de la derecha se expresa claramente en la invitación que el líder del PRO, Mauricio Macri, le hizo llegar al presidente de Shell Argentina, Juan José Aranguren, un cruzado antiestatista y de la ortodoxia económica, para sumarlo como presidente de YPF en caso de ser gobierno. Frente al convite, Aranguren declaró: «Es mi interés colaborar en lo que puede ser la recuperación del sistema energético». Se trata de la misma lógica privatista de los noventa que implica una amenaza concreta al patrimonio nacional y al manejo soberano de los recursos naturales. Un ejemplo extremo de restauración del viejo orden menemista.
Esta discusión remite nuevamente a la ineludible disputa conceptual que existe entre Estado y mercado y en lo concerniente a la puja por la distribución del ingreso. En su columna del 8 de abril en el diario La Nación, Orlando Ferreres aporta sus ideas en este campo y, bajo el título «Ética de la distribución del ingreso», sostiene: «El equipo político que gane las elecciones e inicie su gestión el 10 de diciembre de 2015 deberá desmontar el enjambre de controles e intervenciones en los mercados establecidos en la última década y aún antes para «mejorar» la distribución del ingreso. El control de precios, o «precios cuidados» es uno de ellos. También el tipo de cambio que está «atrasado», al haber sido usado como palanca antiinflacionaria. Lo mismo con los precios políticos en los servicios públicos, que en buena medida son subsidios a la clase media y alta como ocurre con los precios ridículos del gas natural, electricidad, agua y muchos otros servicios estatales, como Aerolíneas Argentinas». En buen romance, Ferreres propone liberar a los formadores de precios para que puedan abusar remarcando discrecionalmente, pide una devaluación y propone terminar drásticamente con los subsidios, lo cual generaría fuertes aumentos del precio de los servicios públicos.
El párrafo del columnista de La Nación contiene una profunda carga antipopular e ilustra los verdaderos intereses que defienden estos «expertos economistas». Si se eliminasen estas herramientas, es sabido, se generaría una aceleración del frente inflacionario y se verían afectados los sectores de los estratos más bajos. En el fondo deja ver, al igual que en el caso de Aranguren, un inocultable acento (PRO) empresario. Ambos representan aquellas ideas que sólo pueden comprenderse a la luz de los planes del establishment, que intenta recuperar sus privilegios y volver a tomar posesión de los principales resortes de la gestión pública. Esta noción fue bien sintetizada por Alfonso Prat Gay, quien sostuvo que «la vida y el futuro de Argentina está en si el próximo gobierno es o no kirchnerista», lo que en otras palabras podría ser traducido bajo la idea de «liberalismo o muerte».
Ciertamente, el próximo gobierno encontrará un panorama internacional y regional complejo. El FMI acaba de publicar que espera para el lustro 2015-2020 un menor crecimiento potencial, tanto para las economías desarrolladas como para las emergentes. La CEPAL, de hecho, acaba de reducir sus proyecciones de crecimiento para este año, destacándose el ingreso de Brasil al terreno del decrecimiento. La presidenta Dilma Rousseff comenzó su segundo mandato con medidas económicas de ajuste, en el marco de una ofensiva política de la derecha privatista, que ya ha puesto la mira en la petrolera estatal, montándose en las situaciones de corrupción que investiga la justicia.
A partir de la crisis estructurada del sistema capitalista, enfrentamos la perspectiva de un mundo que crece cada vez menos y en el que no se puede confiar ni en los beneficios, ni en la entrada de capitales externos. Para afianzar los avances conseguidos y evitar dolorosos retrocesos es necesario mantener un Estado fuerte, activo, que permita garantizar la expansión de la demanda interna, fortaleciendo el ingreso de los trabajadores y las clases medias, preservar los puestos de trabajo y seguir afirmando la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales.