Tiempo Argentino | Opinión
La necesidad de asumir que la cultura es un derecho humano y que el Estado debe convertirse en su garante.
Por Juan Carlos Junio
A fines de noviembre, la ministra Teresa Parodi presentó en el Teatro Cervantes la propuesta para la elaboración colectiva de la Ley Nacional Federal de las Culturas, junto al Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas y el Consejo Federal de Cultura.
Este proyecto es relevante, teniendo en cuenta que resulta vital aportar a la creación de una cultura que se contraponga y remplace a los valores decadentes que se imponen desde los centros de poder mundiales y locales.
Se trata de concebir a la cultura como un derecho humano, como un campo de controversias de ideas y símbolos de carácter histórico-social, capaz de cimentar un sentido común inconformista, estimulando una perspectiva crítica que cuestione el orden, anunciando futuros posibles.
Un primer elemento a rescatar está ligado al cambio de época y, con él, a nuevos modos de construir la política pública. Como ocurrió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para articular esta trascendente iniciativa política se diseñó un proceso de participación colectiva que interpele e involucre a múltiples actores, a lo largo de toda la geografía de nuestro país. Si la participación protagónica viene siendo un atributo central de esta propuesta, también lo es la voluntad de afirmar nuestra identidad como pueblo y como Nación soberana. Así lo dijo la propia ministra Parodi en el Teatro Nacional Cervantes: «Estamos ante un encuentro muy esperado, por necesario. Somos un país orgulloso de su herencia y su pertenencia a una manera de ser que lo identifica ante el mundo y en plena y luminosa construcción colectiva como nunca antes en este espacio y tiempo político. Estamos ejerciendo nuestro derecho inalienable de pensarnos y mirarnos a nosotros mismos desde nuestra soberanía. Después de casi 12 años de derechos recuperados, estamos en una Argentina que sabe muy bien quién es y quién quiere seguir siendo para siempre.»
Una segunda cuestión hace a la propia conceptualización de cultura que se desprende de los primeros papeles de trabajo que circulan por el país en distintos foros de debate.
Entre las definiciones del documento que será base del anteproyecto de ley se establecen algunas líneas troncales muy importantes: La cultura es un derecho humano, y como tal tiene como atributos la integralidad, la universalidad y la progresividad. Estos valores son inalienables y el Estado es el garante del ejercicio efectivo del derecho a las culturas, contemplando su amplia diversidad para todos los sujetos culturales existentes.
La definición de cultura también va arrojando luz sobre el contenido y la dirección de la iniciativa política y normativa: «Las culturas son las bellas artes pero también y sobre todo, los sentidos que les damos a nuestros modos de vivir comunitarios.»
La propuesta de la norma se fundamentó desde argumentos muy profundos. Una de las ideas centrales es que la ley opere como un instrumento para «la redistribución de la riqueza y los bienes culturales, materiales y simbólicos», y para «la inclusión y el desarrollo de la diversidad y pluralidad cultural, lingüística y artística». También se aspira a que se transforme en una herramienta para «la emancipación social y cultural de todos los habitantes de la República Argentina». El documento aborda desde los más diversos ángulos los desafíos de una cultura comprometida con las complejidades de nuestra época. Uno de ellos refiere al tipo de trabajo que implica la realización, distribución y apropiación de los bienes culturales, a partir de lo cual surgen renovadas conceptualizaciones y definiciones acerca de los productores de cultura como trabajadores.
Se proponen además como ejes centrales de la política cultural del Estado, la revalorización, preservación y salvaguarda del patrimonio tangible e intangible; la diversidad cultural, pluralista y multiétnica; la igualdad en el acceso a bienes y valores culturales; el reconocimiento y protección de las culturas y lenguas indígenas, y el fomento de las culturas independientes, autogestivas, comunitarias y cooperativas. También se valoriza a las industrias culturales como parte fundamental de la promoción de las diversas disciplinas y artes, y se destacan la participación y el protagonismo de artistas, trabajadores y gestores culturales en el diseño y evaluación de las políticas en la materia, y en las definiciones en torno al gobierno de la cultura. Asimismo, en el texto hay ineludibles referencias al financiamiento de políticas públicas de carácter federal, con el objetivo de que se incrementen las partidas destinadas a cultura, llegando al 1% del Presupuesto Nacional, tal cual lo aconseja la UNESCO.
Este proceso, nacido de la autoorganización de las comunidades culturales que encarna el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas, se vio notablemente impulsado a partir de la creación por parte de la presidenta de la Nación, por primera vez en nuestra historia, de un Ministerio de Cultura, potenciado por el nombramiento de Teresa Parodi, una artista popular querida por nuestro pueblo, de enorme talento y compromiso social. Esta designación ha generado un claro reconocimiento y consenso del conjunto de la sociedad, favoreciendo el proceso de debate y participación en este crucial proyecto de ley.
El multitudinario acto en el Cervantes, como expresión simbólica del lanzamiento de la iniciativa, es una cabal manifestación del carácter democrático de este proyecto político-cultural que desde los inicios de 2015 irá tomando forma de anteproyecto de ley, dando lugar a un verdadero cambio histórico.
Pensar el mundo desde las culturas es pensarlo desde la mayor fuerza capaz de ponerle un límite a los poderosos, quienes en todas las épocas disputan y ostentan la hegemonía cultural. Históricamente, los núcleos corporativos han tenido conciencia que deben dominar los valores, el sentido común y las emociones de los pueblos. En una palabra, la polémica cultural y la disputa por su sentido están en la propia naturaleza del poder.
Se trata, en suma, de una gran iniciativa política en pos de poner en valor nuestras culturas, apelando a la conciencia y el corazón del pueblo, estimulándolo a comprometerse con ideas justas, nobles y solidarias, y aportando a la transformación de la sociedad con un sentido de progreso.