Télam | Campo de Mayo
El diputado nacional Juan Carlos Junio (Nuevo Encuentro) presentó hoy un proyecto de ley para crear un Instituto de la Memoria dentro de la Guarnición del Ejército de Campo de Mayo, dónde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención y exterminio durante la última dictadura cívico-militar. Junio presentó su proyecto públicamente esta tarde en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), acompañado por Gustavo Ruggiero, secretario general de la UNGS, y de Antonio Fernández, de la Comisión Campo de Mayo. Expuso las razones que lo llevaron a impulsar la creación de un instituto para la preservación y recuperación de la Memoria Campo de Mayo (IMCAM), proyecto que lleva también la firma del diputado Carlos Heller.
El proyecto, explicó Junio, tiene como objetivos la preservación, el resguardo y la transmisión de la memoria de las violaciones a los derechos humanos, del terrorismo de Estado y de las consecuencias de la interrupción del Estado de Derecho en nuestro país; especialmente durante el período comprendido entre el 16 de septiembre de 1955 y el 3 de diciembre de 1990.
Según la propuesta, el IMCAM tendrá su domicilio en la Puerta 6 bis de la Guarnición Militar Campo de Mayo, ubicada en la Ruta 23, Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, donde se establecerá su sede definitiva, para la que se afectará, de manera exclusiva, una superficie de 4 hectáreas. Además, se afectarán de manera exclusiva al IMCAM todos los inmuebles que se utilizaron como Centros Clandestinos de Detención (CCD) radicados dentro de su zona de influencia.
En su articulado, el proyecto de ley detalla que el IMCAM tiene como funciones «promover la profundización del sistema democrático; consolidar una cultura de protección de los derechos humanos; fortalecer los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana; fomentar el intercambio interinstitucional entre diversos sectores y actores de la comunidad; fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra la impunidad y por la vigencia plena de los derechos humanos y sus implicancias en los planos normativo, ético, político e institucional; y promover el uso de los espacios de memoria para actividades académicas, formativas y recreativas en beneficio de la comunidad».
Entre otras atribuciones claramente definidas en la iniciativa, se destacan la de «promover el estudio y la investigación académica sobre la memoria de las violaciones a los derechos humanos, la historia de resistencia y de denuncia de las organizaciones sociales y de derechos humanos en la zona de influencia del IMCAM, como así también las operaciones del «Plan Cóndor» comandadas desde la Guarnición Militar Campo de Mayo» y la de «preservar, como testimonio histórico, las instalaciones edilicias, que funcionaron como centros clandestinos de detención o que hubieren sido utilizadas por el terrorismo de Estado dentro de la Guarnición Militar Campo de Mayo y en el área de influencia del IMCAM, garantizando el libre acceso del público».
«Con avances y retrocesos, desde el inicio de la democracia, la Argentina ha llevado adelante iniciativas clave en la recuperación de la memoria del pasado traumático sobre la última dictadura militar (1976-1983) -sostiene Junio en los fundamentos de su proyecto-. Estas iniciativas van desde la creación de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) en 1983, la publicación del informe Nunca Más (1985) y el juicio a los integrantes de las tres Juntas de gobierno (1985). Sin embargo, las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y el Indulto presidencial, retrotrajeron el impulso inicial de «Memoria, Verdad y Justicia»».
El texto de Junio destaca que «con una clara decisión, en el marco de una política de Estado, desde el 25 de mayo del 2003, el Gobierno Nacional, encabezado por el entonces Presidente Néstor Carlos Kirchner, inició una política de derechos humanos que continúa hasta nuestros días y que tiene como eje no sólo la reanudación de los juicios por los crímenes de lesa humanidad, sino también la difusión de la memoria histórica sobre el terrorismo de Estado en la bicentenaria historia argentina».
«En este punto -agrega el legislador- la recuperación de los ex Centros Clandestinos de Detención en Sitios y Espacios de Memoria tiene una importancia fundamental, constituyendo hasta la actualidad el Espacio de la Memoria sito en la ex Escuela Mecánica de la Armada, por escala y magnitud, su hito fundamental. Sin embargo, fueron muchos los espacios que utilizó la dictadura para consumar su plan represivo. Muchos de ellos han sido recuperados e integran hoy la Red Federal de Sitios de Memoria; pero hasta ahora, ninguno de los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en la Guarnición Militar de Campo de Mayo, fueron recuperados para la memoria histórica, aún cuando más de cinco mil desaparecidos pasaron por allí».
La Historia de la Guarnición Militar de Campo de Mayo se inscribe en un sombrío linaje represivo y de apoyo a los sucesivos golpes de Estado que ocurrieron en nuestro país a partir de 1930. Surgido por iniciativa del entonces Presidente Roca y su Ministro de Guerra, el Coronel Pablo Ricchieri, Campo de Mayo se transformó en un campo de instrucción militar a partir de la sanción de la Ley 4005, sancionada en 1901 por el Congreso Nacional. Desde su temprana historia, en 1921, la nueva guarnición militar premió al Teniente General Héctor Benigno Varela como Director de la Escuela de Caballería de Campo Mayo a su regreso de los acontecimientos represivos conocidos como la «Patagonia Trágica». Fue allí donde en 1956, el General Valle se levantó en armas contra el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, lo cual tuvo como represalia los atroces fusilamientos de entonces. Más recientemente, ya en democracia, fue allí donde se produjo el alzamiento militar contra el gobierno constitucional del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, conocido como «Levantamiento Carapintada», en abril de 1987.
Esta iniciativa parlamentaria es el resultado del trabajo colectivo y consensuado entre los distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales de las zonas Oeste y Norte del Gran Buenos Aires y presenta como rasgo innovador el hecho de buscar crear un sitio de memoria dentro de una guarnición militar en funcionamiento.
Existe un amplio consenso entre las organizaciones locales, en cuanto a la necesidad de localizar el Espacio de Memoria sobre Campo de Mayo y dentro de sus instalaciones.
Además, los principales espacios públicos vinculados a la memoria del Terrorismo de Estado se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por lo tanto, alejados de las posibilidades de acceso de los estudiantes y habitantes del Noroeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires. La creación de este espacio de memoria permitirá hacer confluir las distintas iniciativas desarrolladas en la zona.
Tomando en cuenta el potencial de convocatoria y articulación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, sus recursos humanos e institucionales, su prestigio y los amplios antecedentes que tiene en la promoción de iniciativas en el campo de los Derechos Humanos, además de su proximidad física a Campo de Mayo, en el proyecto de ley se recomienda que esa Universidad se involucre activamente en el diseño institucional del espacio de Memoria en acuerdo con los distintos organismos nacionales y provinciales en la materia como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.
La historia de Campo de Mayo, como sitio de horror y muerte para tantos compatriotas en el pasado, debe ser resguardada y recordada en el marco de la Memoria, la Verdad y la Justicia, para que nunca más vuelva a repetirse.