Clic de Noticias | Columna de Opinión
El fallo del juez Thomas Griesa y el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos a tomar el caso representan una derrota para Argentina en términos jurídicos, ya que obligarían a nuestro país a realizar un desembolso de dólares para pagar el reclamo usurario de los fondos buitre. ¿Cómo interpretar entonces que, a pesar de la victoria judicial buitre, en las últimas semanas aparecieran varias solicitadas de la American Task Force Argentina (ATFA), grupo financiado por esos usureros globales, en los diarios La Nación, Clarín y El Cronista?
Esas solicitadas pretenden convencer a la sociedad argentina acerca de los supuestos errores del gobierno nacional, a la vez que intentan amenazar a nuestro pueblo para que, por la confusión y el miedo, se allane a la aceptación de sus dictados. En ese sentido, se trata de aprovechar el trabajo de lobby que estos grupos tejen entre los distintos actores sociales y políticos de nuestro país, y articularlo con el público formateado en la lectura que surge de esos diarios locales.
Porque si bien la determinación que beneficia a los fondos buitre representa un cambio de paradigma para el funcionamiento del sistema financiero internacional, dificultando todo proceso de reestructuración de deuda externa, será necesario que el procedimiento, además de ser legal, sea aceptado como legítimo.
Es allí donde el gobierno argentino está librando una gran batalla con resultados positivos. Los pronunciamientos que ya logró a su favor en el marco del juicio (amicus curiae de Estados Nacionales, de instituciones como el FMI, de personalidades y políticos de renombre internacional) se ven multiplicados por argumentos firmes y convincentes esgrimidos en los distintos foros internacionales, en los cuales pudo contar con los decididos apoyos de varios países latinoamericanos, del G77+China en la ONU, la Organización de Estados Americanos, Unasur, Celac y recientemente en la reunión de los BRICS, en Fortaleza.
Como vemos, la multiplicidad ideológica de esos apoyos implica un amplio y diverso consenso a propósito de la legitimidad de este nuevo tipo de deuda externa, que fue generada judicialmente, ya que los buitres nunca le prestaron a la Argentina. Es decir que la disputa jurídico-económica se va combinando con la cultural y simbólica. Se trata, en suma, de lograr un rechazo internacional con el fin de bloquear el advenimiento de un nuevo orden jurídico y político que consagre el viejo axioma de los usureros: toda deuda externa debe pagarse enteramente, aunque sea a costa del hambre de los pueblos.