Contrariamente a lo que se difunde a través de los grandes medios de comunicación, la inflación no es causada por el Estado mediante la emisión monetaria, sino que es la consecuencia de la determinación de los precios en el ámbito privado. Esos precios, como todos sabemos, surgen como el resultado de los costos y de las ganancias del empresario, que a su vez dependen de la estructura de oferta de cada producto: cuando más concentrado se encuentra el mercado, mayor poder tienen las empresas para aumentar sus ganancias y fijar precios más altos.
En Argentina, ese poder de mercado que tienen algunas empresas en los insumos más generales, como cemento, acero o aluminio, implica una difusión de los aumentos de precios a todos los productos de consumo. Por consiguiente, una de las causas de la inflación, sin lugar a dudas, se encuentra en los sectores concentrados de la economía nacional. Frente a esta situación, el papel del Estado es el de controlar la inflación a través de las distintas herramientas que tiene a su alcance, siendo la de regular la concentración económica una de las principales.
Sin embargo, la tarea no es simple: sólo pensar en lo difícil que fue la aplicación de la Ley de Medios nos da una dimensión de la aspereza que implica regular la concentración económica. A esto debemos agregarle que la mayor parte de las empresas oligopólicas del país son transnacionales cuya facturación mundial es similar al PBI argentino. Ante tamañas diferencias, el esfuerzo del Gobierno requiere del respaldo de las organizaciones sociales y políticas para lograr que una iniciativa como la de los «Precios Cuidados» -de extraordinario valor económico, político, social y cultural- pueda defender el ingreso de los ciudadanos.
Este respaldo se está organizando y potenciando desde el verano pasado, en un espacio denominado «Convocatoria Económica y Social por la Argentina», en cuyo fundamento se enunció que «una vez más la especulación financiera e irracional de subas de precios generada por quienes detentan el poder concentrado y los resortes fundamentales de la economía pretenden desestabilizar a la Nación y provocar una apropiación brutal de recursos que pertenecen al pueblo argentino».
La puja en torno al valor del tipo de cambio, que tuvo lugar a fines de 2013 y comienzos de 2014 y que se saldó con la devaluación de enero, tuvo como principal respuesta la política de Precios Cuidados que, con gran determinación y eficiencia, lleva adelante el Gobierno nacional desde la Secretaría de Comercio. Esto le permitió avanzar en una cuestión central que es el control de las cadenas de valor de las grandes empresas que forman los precios. Al tener información sobre los verdaderos costos que tiene toda la cadena de valor, se puede actuar sobre los abusos de ganancias generados a costa de los trabajadores y del conjunto de los consumidores, que somos el pueblo, el tejido social argentino.
Por lo tanto, estamos librando una importantísima batalla cultural para que la sociedad argentina vaya comprendiendo que los verdaderos culpables de la inflación son las grandes corporaciones formadoras de precios. A los grandes oligopolios y monopolios, la respuesta que les tenemos que dar es: más Estado, junto a las organizaciones sociales y políticas y el pueblo organizado y movilizado.