El legislador nacional por el Frente Nuevo Encuentro Juan Carlos Junio presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de resolución en el que expresa preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores del restaurante recuperado Lalo de Buenos Aires.
El proyecto de Resolución de autoría de Junio lleva también las firmas de los diputados nacionales Carlos Heller y Carlos Raimundi (Frente Nuevo Encuentro); María del Carmen Bianchi, Mara Brawer, Araceli Ferreyra y Juan Cabandié (FPV).
En el texto, Junio, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y referente del movimiento cooperativo, se solidariza con «quienes reclaman el pago de aportes y sueldos atrasados, y en defensa de su fuente de trabajo formaron una cooperativa como instrumento de la economía social a fin de darle continuidad a la actividad productiva, defender su derecho al trabajo y prestar un servicio útil a la comunidad».
El legislador explica que la empresa Sargento Cabral 2426 S.A., titular del fondo de comercio del restaurante Lalo de Buenos Aires, ubicado en el centro porteño, dejó de pagar los salarios a sus empleados, extendiéndose esa situación durante varios meses. Además, relata el legislador «como la empresa tampoco abonó el alquiler durante los últimos once meses, los propietarios del local iniciaron un juicio por desalojo del inmueble, decisión que, hoy pesa sobre los trabajadores del establecimiento».
Durante todo ese tiempo, especifica el proyecto, «el personal concurrió a cumplir sus tareas laborales, sin cobrar los haberes, mientras quienes explotaban el negocio lo vaciaban en forma aviesa» y «los trabajadores denunciaron la deuda que la empresa mantiene por falta de pago de salarios por más de cuatro meses y de aportes sociales, configurando un liso y llano incumplimiento laboral que amerita la intervención de la competencia administrativa y judicial específica».
Junio detalló que la empresa Sargento Cabral 2426 S.A le propuso a los trabajadores, como una alternativa negociadora, que renunciaran al actual empleo, con la promesa de volver a tomarlos como empleados en otro restaurante que estarían inaugurando en el barrio porteño de San Telmo pero que «esta propuesta no fue aceptada por los trabajadores, teniendo en cuenta que les ofrecían cobrar medio jornal en blanco y el resto ‘en negro ‘», como comúnmente se denomina esta ilegalidad laboral, ya que al aceptar esa negociación perderían los meses trabajados sin cobrar, como así también la indemnización, vacaciones y otros derechos laborales».
Ante la conducta de los dueños de la empresa, que procedieron a cambiar la cerradura de ingreso al inmueble, los trabajadores decidieron declararse en estado de asamblea permanente, continuando en su lugar de trabajo con vistas a esclarecer la situación con los dueños del restaurante. Ante el abandono definitivo del local por los propietarios, decidieron la formación de una cooperativa de trabajo.
Esta determinación provocó que el empleador iniciara una acción judicial por usurpación, acción rechazada por los trabajadores, quienes aseguran que no están tomando nada, sino resguardando la fuente laboral, y que se encuentran en su lugar de trabajo como ámbito natural que ocupan hace muchísimos años.
La mala administración de los antiguos dueños llevó a la empresa a esta situación, que hoy gracias al esfuerzo de los trabajadores se encuentra en proceso de recuperación.
El diputado destaca la decisión de los trabajadores de «recuperar la empresa, formando una cooperativa de trabajo» y considera que esa actitud «debe ser apoyada desde las instituciones del Estado».
En ese sentido, el texto del proyecto rescata «la eficacia que tienen las cooperativas como organizaciones de la economía social ya que se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus miembros fundadores, creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás» y señala también que «los socios contribuyen equitativamente a la formación del capital de su cooperativa y lo gestionan democráticamente».