Tiempo Argentino | Ante las medidas económicas de coyuntura
El relato conservador, con su teoría del agotamiento del modelo, choca notablemente contra la realidad objetiva.
La derecha vernácula no ha podido ocultar su desconcierto, según se desprende de sus enfoques políticos posteriores al anuncio del recambio en el equipo de funcionarios del gobierno nacional. Las declaraciones de los referentes opositores cubrieron un frondoso abanico de opiniones; desde la inminente transición hacia una sociedad basada en el pensamiento «marxista», con un sentido macartista anacrónico, hasta la idea de un gobierno ya vencido ante las restricciones que plantea el «mundo real». Según este enfoque, ante el eminente colapso imaginario, el Ejecutivo tendría que adoptar obligadamente una postura más pragmática, que no habría tenido en los diez años anteriores.
Desde este esquema artificioso y bajo la desembozada presión de los medios monopólicos, las fuerzas opositoras comenzaron a batallar nuevamente con la idea de que estaríamos en la antesala del agotamiento del modelo económico. El mismo sistema ideológico y propagandístico ya lo habían utilizado en el año 2009, luego de las elecciones legislativas, y en los prolegómenos de las presidenciales de 2011. Ya todos conocen que ninguna de las catástrofes económicas y políticas anunciadas se verificaron.
El desconcierto político constituye una muestra del grotesco accionar de ciertos sectores del establishment, que en otros tiempos solían ser, siempre en las sombras, los verdaderos encargados de la designación de las autoridades públicas y de la definición del rumbo político y económico del país. Un resabio y reflejo de esa conducta es el persistente bombardeo presionando a la opinión pública para que se desplace hacia su lógica argumental y simbólica ya perimida, desde la cual ofrecen pertenecer al grupo de los países «serios». Sólo así se entiende el incesante reclamo de una fuerte restricción fiscal, un eufemismo del viejo ajuste, junto con el retorno a los mercados de crédito especulativos. Por experiencia propia, los argentinos sabemos de los límites y costos sociales de estos planteos, que siempre terminaron traduciéndose en el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población, y en la dependencia y subordinación política de la Nación a los organismos financieros internacionales.
En lo esencial, la mayoría de las críticas y reclamos perentorios de la oposición se encolumnan detrás de un relato lindante con el «realismo mágico», que intenta ocultar sus verdaderas intenciones. Se añora el retorno a un Estado que privilegie a las grandes corporaciones capitalistas y les garantice la máxima ganancia, en desmedro de otros derechos vitales para el pueblo, como el empleo, la salud o la educación que, según su prédica, vendrán por añadidura, por obra y gracia del «dios mercado» que derramará riqueza, luego de tomarla a manos llenas.
Sin embargo, el relato conservador, con su ambiciosa lógica del agotamiento del modelo y con su teoría del derrame, choca notablemente con la realidad. De hecho, tras la jura de los nuevos ministros, la presidenta Cristina Fernández fue clara y contundente al señalar la necesidad de seguir profundizando el rumbo «para que nunca más nadie pueda volver a arrebatarnos lo que nos corresponde por derecho a todos los argentinos». Toda una ratificación del plan político, que también se vio fortalecido por las definiciones y características del nuevo ministro de Economía.
En cuanto a las medidas económicas de coyuntura, es interesante señalar que se dieron a conocer definiciones importantes, las que se condicen con el rumbo elegido, aunque no desconocen la existencia de dificultades para garantizar un crecimiento sostenido, con una equidad social creciente. El desafío más importante de la actualidad se vincula a la constante necesidad de contar con divisas para garantizar las importaciones de bienes y la energía que demanda el proceso de crecimiento de nuestro país. El gobierno está actuando por diversas vías para sortear los principales escollos; la búsqueda de un mayor grado de eficiencia en las políticas de sustitución de importaciones, o la ratificación de la flotación administrada del tipo de cambio, son señales de ello.
La lógica de un acuerdo con Repsol, tal cual se desprende de la ley de reestatización de YPF y de la Constitución Nacional, apunta a revertir el desbalance energético, una herencia de la administración privada, extranjera y local, que repercute en la actualidad en nuestra balanza comercial.
Por su parte, el jefe de Gabinete anunció que en las próximas semanas se lanzarán nuevos acuerdos de precios en línea con la idea de que el Estado actúe con la máxima determinación para que el consumidor no sea víctima de abusos. Este tema crucial seguramente seguirá demandando la profundización del análisis de las distintas cadenas de valor con el fin de conocer los verdaderos costos, de forma tal que se evalúen sin concesiones los comportamientos de las empresas oligopólicas, ya que inevitablemente pugnan desde su poder por la obtención de rentas extraordinarias. Esta perspectiva está en las antípodas de lo que plantea la ortodoxia económica, para la cual la inflación es un fenómeno eminentemente monetario y no una consecuencia de la puja distributiva en torno al excedente económico, en la cual finalmente el pueblo consumidor termina siendo el pato de la boda.
También ha tomado estado parlamentario y obtuvo media sanción de Diputados el proyecto para incrementar la alícuota de autos de lujo y otros bienes suntuarios, que entre otras cosas busca dotar de una mayor equidad impositiva al sistema tributario actual, una medida que transita por la dirección correcta y que muestra el camino hacia una reforma impositiva integral que sustente la continuidad de la distribución de la riqueza como objetivo central.
Los hechos recientes ponen de manifiesto que el gobierno está afrontando los complejos desafíos que se vienen presentando, sin alejarse de las metas fijadas en el actual proyecto político. Claramente, la agenda temática y la iniciativa siguen estando definidas por las autoridades nacionales y no por aquellos que, con su remanido relato conservador, pretenden retornar a la lógica de los mercados y a planes antipopulares típicos del conservadurismo local, pensados y escritos hace mucho tiempo en las grandes metrópolis capitalistas.