Tiempo Argentino | Cristina en las Naciones Unidas
Nuestro país continúa con el reclamo del cambio de la composición del Consejo deSeguridad, verdadera oligarquía de gobierno mundial.
Esta semana, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reafirmó ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas los ejes centrales del posicionamiento de la República Argentina ante el mundo. Las líneas principales del discurso presidencial muestran claramente las consecuencias de los enfoques del país sobre la política exterior. Por el contrario, la pieza oratoria descoloca nuevamente a las voces que insisten con sus denuncias de una política exterior errática e improvisada. La Argentina volvió a reclamar en la ONU una drástica reformulación al sistema de «gobierno» internacional emergente de la posguerra, y condicionado luego por el Consenso de Washington y el mundo unipolar hegemonizado por Estados Unidos.
La reforma de los organismos multilaterales de crédito, la construcción de una nueva estructura institucional global que dé cuenta del fracaso de la configuración armada bajo la hegemonía de los tiempos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y la reforma del obsoleto Consejo de Seguridad de la ONU (que refleja la cristalización de las relaciones de poder en 1945, ¡hace exactamente 68 años!), son posiciones que nuestro país viene sosteniendo sistemáticamente desde el año 2003, y que reflejan la visión coherente y sostenida de un mundo que cambia inexorablemente. El colapso neoliberal que hoy recorre el planeta poniendo en jaque las economías de muchos de los países capitalistas centrales (que eran puestos como ejemplos por las principales usinas del pensamiento económico ortodoxo) tuvo un primer mojón trágico en nuestro propio país en diciembre de 2001. Las graves consecuencias sociales -cuyas imágenes recorrieron el mundo- que los organismos financieros neoliberales y sus políticas infligieron a nuestra economía nos dan la autoridad -que otorga la experiencia histórica- para demandar un cambio urgente.
El rol central que las calificadoras de riesgo tuvieron en el desencadenamiento de la crisis en el centro del poder financiero mundial, y el ataque sistemático que los países con vulnerabilidad externa (debido al peso de su deuda ) reciben de los denominados «fondos buitre» a escala planetaria, plantean un rumbo claro. Es necesaria la creación de nuevos mecanismos de regulación financiera internacional, una nueva legislación que dé cuenta de este fenómeno, y les devuelva a los pueblos el control sobre sus riquezas y su destino como naciones.
En este punto, además, el discurso presidencial retoma las tradiciones más preciadas e innovadoras de la política exterior argentina. Fue nuestro país el que, en los albores del siglo XX y de la mano de su entonces canciller Luis María Drago, enunció por primera vez a nivel continental que ningún Estado extranjero podía utilizar la fuerza contra una nación americana con el objeto de cobrar una deuda financiera, creando doctrina jurídica de derecho internacional y disputando de frente con la Doctrina Monroe, de manufactura estadounidense. Podría decirse que se trata de una reactualización de viejos combates que nuestro país supo dar, recreados a nuestra coyuntura histórica y nuevamente hermanados con las otras naciones y pueblos de América.
En el mismo sentido, y unidos con los países que componen la Unasur, la Argentina continúa con el reclamo del cambio de la composición del Consejo de Seguridad, verdadera oligarquía de gobierno mundial y reflejo de un mundo anacrónico que hace rato dejó de existir. La creciente potencia de los países denominados emergentes y el multipolarismo cada vez más acentuado, que denotan grandes cambios de época en el poder mundial, hacen imperativo poner en correspondencia las nuevas relaciones políticas y económicas, con el sistema institucional a nivel mundial.
La causa Malvinas no es ajena a esta problemática: el abuso que ex potencias imperiales ahora en decadencia, como Gran Bretaña, hacen de su posición privilegiada en dicho Consejo de Seguridad es una amenaza que está, en este caso, directamente dirigida contra la soberanía y los intereses de nuestro país. Herramienta, decimos, porque el uso de la institucionalidad internacional es, en el caso de muchas de las potencias mundiales, una opción que se toma «a la carta», reservándose «el derecho» a no respetar sus dictámenes cuando estos les resultan desfavorables. Como demostró la invasión a Irak por el inefable George W. Bush en el año 2003, y los más recientes ataques a Libia liderados por la coalición anglofrancesa, dichas potencias militares se reservan el derecho de respetar la legalidad internacional a voluntad, inclusive la de una legalidad hecha en base a intereses indiscriminados. Su aplicación del derecho internacional está inficionada de olor a petróleo.
Es interesante, con todos estos elementos, entender el sentido profundo de las posiciones que la presidenta de la Nación llevó a Nueva York. Incluso en el fragor de una campaña electoral, deberíamos alegrarnos de que la Argentina pueda sostener y mantener una coherencia histórica en sus demandas y en su visión del ordenamiento político del planeta. Si bien los enfoques del presente se afirmaron y potenciaron desde el proyecto iniciado en 2003, se entronca también con las más lúcidas tradiciones históricas de nuestro país. Deberíamos, como ciudadanos argentinos, poner todo nuestro esfuerzo para conservar este legado de continuidad y coherencia. Estas son, puestas en acción real y concreta, las políticas de Estado que nuestro país viene enarbolando consecuentemente. Aquí estamos, junto a los otros pueblos americanos, sosteniendo las tradiciones de los fundadores de la Patria.