Página/12 | Opinión
La proscripción de Cristina Fernández es un oprobio más del poder de los jueces quebrados de Comodoro Py. Juraron impartir justicia, pero no trepidan en ser actores principales de su negación. Su vocación ideológica de clase se alimenta de un antiperonismo cerril y un anti progresismo cultural, que desnuda un fanatismo primitivo que obtura toda huella democrática. Por su bancarrota ética y política fueron instrumentados hasta convertirse en una expresión decadente y peligrosa que va generando una situación de caos institucional. El trío de camaristas oscurece toda perspectiva sustentada en valores democráticos que organicen la convivencia ciudadana. Por la indecencia de este fallo ya no solo se revolcarían Montesquieu y Rousseau, sino nuestros liberales: Echeverría, Alberdi y Sarmiento, a los que la hipocresía rampante del gobierno suele invocar.
La voluntad política de proscribir a la principal referenta de la oposición, precedida del complot para asesinarla, debe ser ponderada junto a las otras condiciones fundamentales que sustentan la idea de democracia con un sentido moderno: no hay democracia representativa sin un propósito político y humanístico de propender a un reparto justo y equitativo de los ingresos que aseguren una vida digna a la ciudadanía en todos los planos. No hay democracia sin un fuerte protagonismo de la sociedad en la vida de las instituciones sociales, culturales, barriales, etc. El pueblo debe ser partícipe y caja de resonancia de la vida política, con sus inevitables contradicciones y conflictos, ejerciendo permanentemente su derecho a opinar, a reclamar y protestar, incluyendo las expresiones en el espacio público.
La conducta política del actual gobierno opera en un sentido opuesto, aplicando la coerción ante cualquier manifestación reivindicativa y la represión para frenar el reclamo, como en el caso de los jubilados, con el deliberado propósito de infundir el miedo, que induzca a la pasividad y el silenciamiento. Milei y el Vocero potencian su discurso impulsando la idea de que el presidente está en “un gran momento”, mientras sus editorialistas estrellas afirman “que le salen todas” y que su apuesta a Trump lo coloca como una suerte de genio mundial, en la nueva era de ultraderechistas triunfantes.
Ese sistema de poder se propone acentuar su batalla cultural con el propósito de continuar imponiéndole a la sociedad los valores del mercado y el individualismo como los verdaderos motores de la historia y la vida de las personas. En ese paradigma ideológico, los pueblos y las relaciones sociales no cuentan, mucho menos el crecimiento exponencial de la pobreza, unido indisolublemente al incremento de las riquezas de un núcleo de supermillonarios. Este canon ya lo había sacralizado Margaret Thatcher: “la sociedad no existe, existe el individuo”. Esa narrativa, incorpora otro elemento central, escindir el discurso en toda la parafernalia comunicacional que manejan desde el poder de la situación real de la vida del pueblo. Se trata de ocultar, negar e inventar historias para separar el relato de las consecuencias de sus políticas económico – sociales. Nunca hablar de la caída del salario, la recesión, la pérdida de ingreso de los 7 millones de jubilados, los incrementos tarifarios, el retiro de medicamentos del PAMI, la desfinanciación del sistema de salud y los hospitales públicos, cuyo emblema más dramático es el Garrahan. Se debe silenciar también el plan de destrucción de la escuela pública, las universidades y los organismos de ciencia y tecnología, todo lo cual se complementa con una política de subordinación carnal a Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña.
El ataque sistemático a la figura de Cristina viene adoptando diversas facetas. Una nota de un diario especializado en economía (14/11) da cuenta de testimonios coincidentes de operadores financieros locales. Asumen abiertamente, como si fuera de toda lógica, que la condena a Cristina beneficia a los mercados, quienes esperaban que el fallo llevaría inevitablemente a la suba de sus bonos y la baja del riesgo país como “premio”, por sus ganancias especulativas. Se trata de una verdadera confesión: la condena de los tres operadores de Mauricio les genera enormes fortunas.
Cuando intentaron asesinar a Cristina, la “justicia capuchettista” excluyó de su misión a los financistas y a los inspiradores intelectuales del atentado. Las otras grandes inmutables señorías acompañan con su silencio la degradación del poder judicial. En la misma línea, hay otros que apoyan a Milei, aunque a veces tapándose la nariz, y también están exultantes con el fallo: Morales Solá desde la tribuna de doctrina reclama un prontísimo pronunciamiento de la Corte (descuenta que sería condenatorio) o bien que se apruebe el proyecto de Ficha Limpia. Si celebraron los bombardeos del ´55 que masacraron a 334 civiles, ya que “era lógico” destituir y matar al tirano, cómo no reclamar la muerte civil de Cristina.
El gobierno está gozando de las mieles del apoyo del establishment deslumbrado por las oportunidades inesperadas de negocios provenientes de próximas enajenaciones del patrimonio público y de la potenciación de sus ganancias por la conculcación de los derechos sociales y laborales de las mayorías. Mientras les ofrecen en bandeja el saqueo continúan decididos, solo por ahora, a apoyar al presidente soslayando sus exabruptos anti-republicanos. El alineamiento incondicional a Estados Unidos también los entusiasma. Los CEOs locales de las reputadas asociaciones empresarias expresan permanentemente su apoyo al ajuste fiscal, la destrucción del estado, el pago de la deuda al FMI y a los prestamistas, es decir, a ellos mismos. Sin embargo, el conflicto social está latente en los sectores del trabajo, en las universidades, en los núcleos más humildes que todavía pueden cubrir su canasta básica y en los otros millones a los que catalogan indecorosamente de indigentes, cuando debieran colocarse en la columna del hambre.
En estos tiempos de cólera reaccionaria en Argentina, resulta muy valioso escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Tras las críticas del embajador estadounidense Ken Salazar a su gobierno, le contestó: “debe haber un diálogo de alto nivel, pero no subordinación, eso no. México es un país libre, independiente y soberano, trabajamos juntos, pero no hay subordinación”.