Página/12 | Opinión
¿La derecha es democrática? ¿Es posible que lo sea? El interrogante surgió en el 2015, cuando por primera vez en la historia argentina se imponía por voto popular una alianza gubernamental de ese signo. El novedoso acontecimiento influyó en algunos analistas políticos, periodistas e inclusive “intelectuales progresistas”, quienes respondieron afirmativamente; mientras otros se situaron en un lugar de oportuna ambigüedad, esgrimiendo una supuesta amplitud para entender la política. Observando el recorrido de JxC durante su presidencia y sus posturas actuales, nuestra respuesta a tal pregunta es contundentemente negativa. Si repasamos la historia, ante las demandas del pueblo, tanto los gobiernos civiles con predominios conservadores como las bautizadas benévolamente “derechas modernas”, abandonaron a poco de andar su discurso democratista; y sin solución de continuidad avasallaron la vida institucional, sin trepidar en reprimir la protesta social.
La experiencia histórica demuestra que en ningún país capitalista existe una democracia en abstracto, ya que siempre está condicionada y amalgamada con el poder económico dominante. En definitiva, la democracia en términos prácticos se subordina al orden social existente. Complementariamente, la derecha, incluyendo su fase actual de ultraderecha, como siempre necesita ocultar su identidad, para lo cual reniega que se la llame por su nombre.
En esas épocas macristas de “gradualismo neoliberal”, con devaluaciones, tarifazos, apertura descontrolada de importaciones, “sinceramiento de precios”, recorte drástico del Estado, despidos, modificaciones por decreto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, endeudamiento externo sin acuerdo parlamentario, miradas oficiales que relativizaban el terror de la dictadura cívico militar, y represión de la protesta social; esa derecha avanzó sobre derechos básicos y garantías constitucionales, usando también desinformación y mentira mediática para disciplinar a sus adversarios políticos. En esa fase de subordinación del sistema democrático al dominio de los financistas, la derecha aceptó convivir con el parlamento.
La ultra derecha libertaria que gobierna “infiltrada con facilidad”, al decir de Macri; va al todo o nada, hiriendo el rol del parlamento. El DNU, la ley ómnibus y las maniobras autoritarias en las cámaras legislativas, marcan en su formas y contenidos el carácter pre democrático del actual gobierno. Esta conducta política no es escindible de la decisión de enajenar el patrimonio nacional, los recursos naturales y las tierras, como así también la desregulación irrestricta de la economía. Quienes imaginan que se pueden camuflar con posiciones ambiguas, con trucos como: “esto no, aunque todo esto sí”, serán cómplices del saqueo de esta nueva fase del proceso de acumulación y extranjerización del capitalismo.
Enfrentamos un chantaje que apunta al pueblo y al Parlamento mismo, asistiendo al “segundo tiempo” del que hablaba Macri. Si bien es cierto que la situación económica ya era compleja desde el gobierno anterior, la temida hiperinflación que agita el discurso presidencial, opera como amenaza y profecía autocumplida, a los efectos de justificar la mentada necesidad y urgencia del shock, que destruirá rápidamente los ingresos de trabajadores y clases medias. El crecimiento desbocado de los precios que alimenta el chantaje, es inducido por las medidas que toma su ministro de Economía (exministro de Finanzas de Macri) Luis Caputo. Tras los remanidos eslóganes ahora recreados burdamente como “la bomba heredada”, se intenta ocultar la verdadera intención del proclamado impúdicamente “ajuste doloroso”: la transferencia de ingresos de trabajadores, clases medias y bajas a favor de los súper millonarios de siempre, las viejas oligarquías agrarias y los nuevos burgueses de las finanzas y latrocinios de las últimas décadas. Todas las mediciones muestran que durante el gobierno de Macri el sector trabajo sufrió una pérdida fenomenal de sus salarios del 20%, además de la caída del empleo. Durante el gobierno del FdT el sector privado mantuvo su ingreso promedio, los públicos retrocedieron un 2% y los informales perdieron el 14%. Ahora el gobierno de LLA, cada vez más sustentado por los oligopolios representados por AEA, Amcham, CAC y la UIA, propone generar un nuevo ciclo de despojo a los ingresos, más rápido y descarnado. Cabe preguntarse: esa enorme masa de dinero que pierden los trabajadores y clases medias, ¿acaso se evapora en alguna atmósfera? La respuesta es elemental, no solo no desaparece, sino que se trasfiere a la cúpula de los ganadores de siempre del capitalismo, ahora mutados al mileismo. De este fenómeno claramente verificable surge la identificación con la variable del principio de Lavoisier, “nada de pierde, todo se transfiere”.
“El ajuste lo votó la gente”, machaca el relato presidencial del que se hacen eco los editorialistas-propagandistas de la prensa “no militante”. Agregan que en el balotaje lo votó el 54%, sumando capciosamente a quienes lo acompañaron con el 30% en las generales, con los que optaron por él en la segunda vuelta. Desconoce con deliberada pertinacia el rechazo del 44% de los electores. El relato discursivo sobre la casta política culpable de todos los males cuesta cada vez más ser sostenida ante la opinión pública. La oposición, que va creciendo al ritmo que aumentan sus descalificaciones y los precios, se manifiesta en los cacerolazos, movilizaciones de la Cultura en contra de los recortes al teatro, la danza y el cine, y lo más trascendente, el paro general con movilización convocado por las confederaciones de trabajadores para el 24 de enero. Con una potencia de sentido contraria a la impuesta por el mileismo, se reorganizan las fuerzas políticas que se proponen frenar el despojo a la sociedad, fundamentando que de las crisis económicas no se sale con ajuste doloroso y el remate de mares, ríos y nuestra cultura, sino con políticas de crecimiento, desarrollo del mercado interno, y la distribución del ingreso y la riqueza, tal como lo demuestra la experiencia histórica del kirchnerismo y la de Lula en Brasil, tanto en su primer gobierno como en el actual.