Página/12 | Opinión
Luego de transcurrido un mes de marzo en que las calles y plazas se llenaron de pueblo conmemorando el Día Internacional de la Mujer y homenajeado a nuestros 30 mil desaparecidos, comenzamos abril con el reconocimiento popular a nuestros veteranos y héroes de Malvinas, reafirmando la irrenunciable demanda de soberanía sobre las islas, como una causa nacional y regional, las que siguen bajo un anacrónico dominio colonial.
Recientemente el Parlamento aprobó el entendimiento con el FMI por el insensato endeudamiento que contrajeron el macrismo y JxC. El propio Mauricio Macri confesó que se instrumentó para garantizar la fuga de capitales de grandes fondos de inversión extranjeros y sectores económicos locales quienes tuvieron formidables ganancias en nuestro país, y las fugaron a guaridas fiscales sin pagar impuestos. En realidad, son delincuentes de guantes negros, adoradores de billetes verdes, asesorados por “estudios especializados” en evasiones y lavados sofisticados, localizados en Delaware, Miami, Suiza e islotes diversos. Eso sí, nuestros fugadores marcan récords planetarios entre sus conmilitones de otras latitudes.
Este cuadro de situación nos impulsa a ratificar el desafío principal y excluyente de este momento: dar respuestas rápidas y contundentes a las urgencias sociales de una gran parte de nuestro pueblo. Aquello de que la primera deuda que hay que afrontar es la deuda con nuestra propia ciudadanía. Ese complejo propósito debe guiar los debates del FdT en los próximos tiempos.
Pero, por otra parte, enfrentamos otra encrucijada crucial por sus implicancias económicas y políticas sobre la disputa de la Nación y las provincias por los 3,5 puntos de coparticipación que, por decreto, el expresidente Macri le traspasó ilegítimamente a su cofrade Rodríguez Larreta antes de irse del gobierno, y que el presidente Alberto Fernández decidió devolver a la Nación en una decisión justa y solidaria. Se trata de tres puntos y medio que equivalen a 186 mil millones de pesos que se otorgaron sobre la base de un subterfugio: recuperar el valor del traslado de la policía a la ciudad, cuyos costos verdaderos equivalen a 29.300 millones de pesos. La ciudad más rica del país, con el PBI per cápita más alto, con el presupuesto más abultado, recibió, en detrimento de las provincias, fondos nacionales que le representaron un excedente 82.800 millones de pesos. Un hecho a las claras arbitrario e insolidario, dada las serias diferencias económicas y sociales existentes entre las jurisdicciones y regiones de nuestro país. A Larreta nada le importó y recurrió muy confiado a la Corte Suprema de Justicia. Su único argumento de “la autonomía” resulta insostenible ya que ese concepto no puede atentar contra el interés general, eso sí, contra sus juramentos, inmediatamente inventó un impuesto a los consumos con tarjeta de crédito para “compensar” la supuesta quita, colocando a los porteños y porteñas como rehenes de su disputa artificiosa.
Ante la discrepancia será la Corte la que decida. Si se inclinara por favorecer al contubernio de Macri y Larreta se estarían negando los principios constitucionales de equidad, solidaridad e igualdad en el territorio nacional. Se establecería así un gravísimo precedente contrario al federalismo. Se estaría constituyendo una insalvable vulneración de la división de poderes que conllevaría a la imposibilidad de cumplimiento legal, político y económico. O sea, a un grave conflicto de poderes. Quienes nacimos y vivimos en la Ciudad de Buenos Aires somos parte de un colectivo y una identidad más trascendente: la Nación argentina. En tal sentido debemos pensar y actuar sustentando principios de justicia, ética y de solidaridad. No se trata de una pertenencia geográfica a una gran urbe, y menos de una visión mezquina frente a nuestros hermanos y hermanas. Portamos una identidad cultural e histórica nacional, y por lo tanto no debemos desentendernos de las dificultades de los millones de compatriotas que habitan el suelo argentino en otras latitudes y que no tienen los beneficios, los recursos y la infraestructura de nuestra ciudad. Lo justo es propender a la misma calidad de vida más allá del punto cardinal que habitemos de nuestra patria, y que los recursos económicos se distribuyan con el máximo sentido de justica federal. Es decir, llevar a la práctica la gran idea de la solidaridad del pueblo y sus diversas instancias de gobierno.
El otro debate trascendente del momento es el proyecto que presentó el bloque de Senadores del FdT que propone rescatar una parte de la enorme riqueza fugada para pagar la deuda con el FMI gravando a aquellas personas que evadieron impuestos y la sacaron del país. Este delito atenta directamente contra los índices de pobreza, los sistemas públicos de salud y educación y el desarrollo de sectores Pymes productivos que precisan del acompañamiento estatal. La derecha de JxC se presenta como la versión vernácula del Tea Party trumpiano que vive haciendo juramentos anti-creación de impuestos a las grandes ganancias y patrimonios. O sea, se colocan impúdicamente a favor de los evasores. La reacción de los “republicanos” autóctonos es similar a la que ya tuvieron contra el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, que solo pagaron 10 mil personas súpermillonarias, y que sirvió para atender necesidades cruciales de carácter social, educativa, de vivienda, entre ellas las vitales para la emergencia sanitaria.
Si volvemos la mirada a los temas cotidianos de la Ciudad de Buenos Aires, la comunidad docente y las familias continúan luchando para que el Palacio Ceci de la escuela de sordos Bartolomé Ayrolo no pase a ser infraestructura para el negocio vitivinícola que promueve Larreta. Mientras que, en el barrio de Villa Crespo, los cooperativistas del Mercado de Bonpland, y vecinos y vecinas junto a distintas organizaciones políticas luchan por frenar el intento de cierre que pretende el gobierno porteño con claras perspectivas de lograrlo.