Página/12 | Opinión
Si nos restringiésemos a una lectura institucional y legal sobre lo votado por la Legislatura porteña en la sesión de último jueves habría que decir: finalmente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus ciudadanos y ciudadanas perdimos otras 103 hectáreas de tierra pública a manos de la ya indisimulada alianza política y de negocios comunes entre el jefe de Gobierno y el capital inmobiliario. A ese patrimonio que intentan enajenar hay que sumarle las otras 500 hectáreas ya vendidas o concesionadas por Macri y Larreta. Un verdadero latrocinio. Estas tierras ubicadas en nuestra ribera con acceso al río deberían haberse destinado a oxigenar el pésimo índice de metros cuadrados de verde por habitante que tiene nuestra ciudad, teniendo en cuenta lo recomendado por la OMS, y al disfrute colectivo de un lugar cultural y de esparcimiento. La decisión política del gobierno porteño era imperativa. La Legislatura compuesta por una mayoría privatista y sometida a los mandatos de sus socios de las constructoras asociadas al gobierno porteño, no trepidó en votar la venta de tierras más grande de la historia reciente. En este jueves negro se ha materializado un zarpazo ilegítimo e inmoral de sus principales inspiradores y ejecutores políticos que imaginan quedarán en el olvido de la impunidad. Continuaron despreciando los mecanismos democráticos estipulados para escuchar la opinión del pueblo ante modificaciones importantes del lugar que habitan. Abusan de su sociedad, ya sin ningún velo, con los medios de comunicación hegemónicos y sus propagandistas. En suma, decidieron capitular ante la presión de estos super millonarios que se proponen construir torres premium y barrios náuticos, cuyo valor de venta del metro cuadrado resultará inaccesible para casi toda la población.
Rodríguez Larreta y los y las legisladoras que conduce han violentado todas las normas democráticas, el código urbano, el de edificación, exigencias medioambientales y normativas de construcción basadas en estándares que deben cumplirse para que la ciudad sea habitable, no se inunde, no se recaliente con tanto hormigón y con suficientes espacios verdes para el esparcimiento respetando la sustentabilidad medioambiental.
Este notorio despropósito social se sustenta, como siempre, en una elaboración cultural marketinera para engañar a la opinión pública. Denominan “regularización” a lo que en verdad es legalización de obras construidas en clara contravención, “rezonificación” a la privatización de suelo público, “convenio urbanístico” a la cementación del humedal, y a las tierras en su estado natural las llaman “tierras abandonadas”. Lo cierto es que la opinión mayoritaria de la ciudadanía logró sortear el cerco mediático y participó activamente en las audiencias públicas. Ninguno de estos temas fue dicho por los candidatos de Juntos por el Cambio en la campaña electoral. En cuanto a la sesión de la Legislatura del pasado jueves negro, se han manifestado penosos y pobrísimos argumentos y tergiversaciones de los conceptos de democracia por parte del oficialismo, desde Vamos Juntos hasta el legislador autodenominado Socialista, pasando por UCR-Evolución y la Coalición Cívica. Todo el variopinto nido de halcones y palomas en su búsqueda infructuosa por legitimar su plan. Solo han incorporado modificaciones de maquillaje a los proyectos para que no sean tan brutales pero no cambian la cuestión de fondo: el avance del mercado sobre los intereses del conjunto social y el medioambiente.
La derecha que gobierna la ciudad desde hace 14 años avanza hacia una ciudad invivible, con argumentos estrafalarios tales como “la importancia de la inversión privada” y la “recuperación del espacio público” en función de la mixtura que proponen para injertar pedazos de parque público alrededor de las edificaciones de élite. El debate entre lo público y lo privado y su interrelación para la vida urbana, social y política sigue siendo determinante. Nada justifica que se avasalle la participación y la opinión ciudadana en las audiencias, aunque las mismas no sean vinculantes, presentando a la oposición con el mote de “anti-empresa”. De lo que se trata, en sustancia, es defender una ciudad vivible en términos medioambientales en función del esparcimiento, la ecología y el disfrute donde confluyan las prioridades y necesidades tanto de los sectores medios como populares que viven, habitan, trabajan y estudian en nuestra Ciudad.
Ya nuestro pueblo ha demostrado frente a enormes poderes locales e internacionales que no se somete a la impunidad, por el contrario, ha aprendido que debe ser rechazada, y que para convivir en una sociedad auténticamente democrática debe emerger la verdad y se debe exigir y lograr justicia. No habrá anonimato de los responsables políticos de este despojo ni de los capitalistas y sus sociedades “anónimas” que medraron sin importarle incluso rellenar el humedal de nuestra costanera.
Las luchas ciudadanas para que el río no se venda, las bicicleteadas, los festivales, las movilizaciones, los fallos judiciales en contra de la ley de privatización, las audiencias públicas con asistencia récord y las 53 mil firmas para que en Costa Salguero y Punta Carrasco se construya un gran parque público, no lograron que la Legislatura porteña escuche y no consume este despropósito histórico. Se trata no solo de la rezonificación de los terrenos públicos en la Costanera Norte levantando una muralla de cemento de hasta 24 metros, sino también del convenio con IRSA (del gran empresario Daniel Elsztain) para hacer un Puerto Madero II con torres de hasta 140 metros encima de un humedal frente a la reserva ecológica, y nueve “convenios urbanísticos” para construir super edificios en distintos barrios. Ya quebrados votaron también un gran jubileo, o sea la legalización de las obras edilicias de todo tipo que se construyeron violando la normativa vigente y sin estudios de impacto ambiental y arruinando la habitabilidad de las casas de la zona. Todos proyectos que fueron rechazados por una mayoría abrumadora en las audiencias.
Nota publicada en Página/12 el 14/12/2021