Tiempo Argentino | Opinión
El gran Estado Inca con su notable cultura y desarrollo social y productivo abarcó desde el sur de Colombia hasta el norte de nuestro país, garantizando siempre alimentos a su población sin mercado e inclusive desconociendo el dinero. Esta sociedad, que algunos definieron como “Civilización del maíz”, dispuso no sólo formas de trabajo colectivo, sino un almacenamiento y distribución de los alimentos bajo la orientación y responsabilidad del Estado incaico. Algunos investigadores europeos creyeron ver allí un comunismo primitivo desde su prisma cultural del viejo mundo. Hoy, son otros quienes, con una mirada primitiva y prejuiciosa, repiten el error al referirse a la coalición de gobierno presidida por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como “comunista”, en base a la política agropecuaria, más precisamente a las discusiones en torno a la comercialización del maíz.
No hace falta recordar que el año 2020 fue particularmente ruinoso y comprometió la vida de millones de seres humanos, con confinamientos masivos en todo el mundo y un freno abrupto de la producción y comercialización en todas las economías del planeta. En esa situación impredecible, resurgieron, de forma vigorosa, los Estados Nacionales. La reaparición en la escena del Estado atravesó países de diversa ideología, de forma inapelable. Hoy en día, hasta los países que se resistían a las restricciones o “intromisiones” estatales han debido tomar las riendas de sus sociedades y economías. En realidad, los Estados nunca se retiraron; son quienes defendieron la vida, los sistemas de salud y de protección social a los sectores más vulnerables.
La pandemia ya no dejó espacio para negar la intervención estatal. Las sociedades la reclamaban, principalmente, los empresarios que fueron los destinatarios de paquetes de ayuda económica de todo tipo, desde subsidios directos, moratorias de deudas bancarias, de alquileres, impositivas y de aportes patronales, financiamiento barato, cobertura de garantías, pagos de salarios para sus trabajadores. Por otro lado, favoreció el sostenimiento de la demanda de los consumidores a través de subsidios como el IFE que benefició a 9 millones de ciudadanos y ciudadanas y que, en última instancia, indirectamente subsidió a las empresas proveedoras de los bienes que ahora pueden comprar las familias.
Las políticas de contención de todo este esquema socioeconómico en un marco de pandemia mundial inédito incluyeron otras herramientas como un tipo de cambio controlado y regulaciones de precios y sectores específicos, para ayudar no solo a los consumidores sino también a los empresarios que necesitaban provisión a bajo costo. Así, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos fue fundamental para las familias, pero también para las empresas.
Sin embargo, a raíz de las discusiones sobre el maíz, hay empresarios que se oponen a la intervención estatal por considerarla abusiva y fuera de tiempo. El arquetipo de esta conducta política es el Foro de Convergencia Empresarial, quien se pronunció enfáticamente no solo en contra de la intervención del Estado por la provisión y el precio del maíz, sino también por la regulación de la tarifa de las prepagas, en contra del congelamiento del servicio de tarifas públicas como electricidad, gas y agua y – lo más simbólico- en contra del decreto que declaró servicios públicos a la telefonía celular, el cable e Internet. ¿Dirán también que Francia o los Estados Unidos de Trump son gobiernos comunistas? Obviamente, el calificativo no fue dicho con la intención de ofrecer una descripción precisa desde la ciencia política, sino como una proscripción desde la política anticientífica, pues es el mismo sector que reniega de la vacuna Sputnik V por provenir de Rusia.
En estos días, en nuestro país se está discutiendo la comercialización de los alimentos. Según el Indec, el índice de inflación de diciembre pasado dio 4%, mientras que el rubro alimentos y bebidas subió 4,5 por ciento. El último mes del año ratificó el comportamiento del 2020, cuando el índice general fue 36,1% pero los alimentos crecieron 42,1 por ciento. En particular, el precio de la carne tuvo un incremento muy importante en diciembre, 15% promedio nacional. Un corte popular como el asado subió 28,5% en el mes. Una vez más se desnuda la necesidad de intervención del Estado frente a los formadores de precios que no son otros que las grandes corporaciones monopólicas cuyo fin último es la potenciación de su tasa de ganancia. Este es un rasgo que les resulta imposible de evitar ya que sufren congénitamente del mal del escorpión de la famosa fábula del sapo.
Cuando en el mundo se está dando un aumento de los commodities, el gobierno se propuso asegurar la provisión de maíz a buen precio para las industrias cárnicas que utilizan dicho grano como insumo para su producción (desde pollo hasta ganado vacuno), producción de leche, feedlot y huevos, con el fin de que los consumidores locales puedan comprar los productos al precio más bajo posible. Por eso había anunciado un límite cuantitativo a la exportación -de 30 mil toneladas diarias-, como forma de asegurar el abastecimiento de cereal a un costo desacoplado del internacional. Como sabemos, la medida generó una reacción en las patronales agrarias más conservadoras, en una suerte de Mesa de Enlace trunca, o mesa con tres patas, porque las cooperativas de Coninagro se retiraron. Así fue que mientras la Sociedad Rural, la CRA y Federación Agraria intentaban proseguir un lockout patronal, el gobierno destrabó el conflicto convocando a la cadena del maíz formada por más de 32 cámaras, donde participan los productores, los exportadores de Ciara, los acopiadores y la industria transformadora, a participar del Consejo Agroindustrial Argentino. Se logró un acuerdo en los dos puntos cruciales: asegurar el abastecimiento de maíz a la industria para que tenga la materia prima y el desacople del precio internacional del mercado interno mediante un fideicomiso.
En definitiva, los objetivos que se planteó el gobierno cuando tomó la política de intervenir en el mercado se están logrando.
Una vez más, la oposición política e ideológica quedó descolocada frente a la iniciativa del gobierno y su posterior convocatoria a negociar para resolver el conflicto. En realidad, la derecha opositora viene con el paso cambiado ya que tuvo que asistir en plena pandemia a un funcionamiento contundente del Parlamento aprobando leyes muy trascendentes para la Nación y la ciudadanía desde la primigenias de Emergencia hasta el Aporte Solidario de las grandes fortunas (un ejemplo a seguir a nivel mundial), la ley que modifica el índice previsional o la que sanciona a los que incendian los campos.
Asimismo, el Congreso cerró el 2020 con un hecho de gran importancia para la sociedad como la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En definitiva, el año en términos políticos estuvo marcado desde sus inicios: el triunfo de un gobierno democrático y popular, y la derrota de la derecha política y económica.
Nota publicada en Tiempo Argentino el 17/01/2021