Minuto Uno | Opinión
La conocida expresión «todos los caminos conducen a Roma» nunca estuvo más vigente como en la Argentina de hoy. En el antiguo Imperio Romano se construyeron más de 400 vías para comunicar su capital con las provincias más alejadas. La actualidad de la gestión de Cambiemos guarda similitudes con el viejo Imperio.
Y si hablamos de caminos, veremos que el mejor ejemplo es la novedosa política del gobierno de construirlos a través de los contratos de Participación Público Privada (PPP), cuyo objetivo principal es asegurarle fuertes ganancias a las grandes corporaciones empresarias. Resulta imprescindible recordar que la inspiradora y fundadora de esta gran iniciativa fue Margaret Thatcher.
La normativa afirma que entre el Estado Nacional y las empresas privadas rige: «el equitativo y eficiente reparto de aporte y riesgos».
Se evidencia en esta Ley que, dado que el Estado Nacional es el único que tiene solvencia absoluta, se depositarán en él todos los riesgos, eximiendo a los capitales privados de cualquier ulterioridad. O sea, inversión privada sin riesgo empresario.
Pero además, hace pocos días se modificó, a través de un decreto presidencial, la ley que rige los novedosos PPP, que de «nuevos» no tienen nada. Se agregaron tratamientos impositivos especiales para «abaratar costos» de las empresas participantes. Se incorporó también la anacrónica decisión de establecer jurisdicciones extranjeras «como mecanismo de solución de controversias».
No es casual que estos Decretos se hayan firmado casi en paralelo a la celebrada visita del presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy. Sin embargo, los europeos dejaron en claro que para volver a invertir en Argentina necesitan que se avance en el control de la inflación, reducción de déficit fiscal y comercial, y tener la seguridad de que, con vistas a las elecciones de 2019, no se modifiquen las actuales condiciones económicas. Es decir: somos muy amigos, pero por ahora plata no ponemos.
Paradójicamente en la propia España este sistema fue un fracaso. Justamente en enero pasado, Rajoy anunció que rescataría las autopistas de peaje quebradas, que estaban siendo gestionadas bajo contratos de PPP. El Estado español tuvo que desembolsar entre 2000 y 4500 millones de euros para ello. Claro que el fracaso no fue sólo español, situaciones similares ocurrieron en Grecia, Irlanda, Gran Bretaña, Colombia y otros países. Para completar la escena de tragedia Griega, en el país de Esquilo y Sófocles, el costo por kilómetro de tres autopistas auditadas fue un 70% más que lo contratado.
Entre las deficiencias que se demostraron surgieron también la «baja relación calidad-precio», la «escasa transparencia» y un «fuerte desequilibrio en los niveles de riesgo».
Pero volviendo a nuestro país, el modo en el que se plantea la normativa de PPP no difiere demasiado de lo que fueron las privatizaciones menemistas.
Un ejemplo de ello es que antes de recibir los sobres de las ofertas de licitación de las autovías, el gobierno del presidente Mauricio Macri dispuso un aumento de peajes para garantizar los flujos futuros de las empresas privadas contratantes.
La lógica política que da sustento a los cuestionados y desmesurados aumentos tarifarios es muy similar. Lo explicó sin ningún pudor el ministro Nicolás Dujovne en una entrevista brindada al diario La Nación: «Necesitamos que baje el gasto público». Luego aclaró que «como hay un componente de gasto social que está legislado» son cuatro los temas en que se puede recortar: «los subsidios económicos, los salarios del sector público, el gasto en universidades y el gasto destinado a infraestructura». Como broche de oro remató: «repartimos esa baja (del gasto) entre una baja del déficit y una baja de impuestos».
Sus dichos «sinceros» constituyen una verdadera confesión: les bajaremos los impuestos a los empresarios y ajustaremos a trabajadores y clases medias. Queda clarísimo quienes son los ganadores y quienes los perdedores.
Otro de los sectores que tiene que soportar los costos del modelo aperturista y antimercado interno, es el de las Pymes.
En un comunicado publicado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) se cita lo expresado por el propio secretario de Emprendedores y Pymes del gobierno nacional, Mariano Mayer: «sólo en 2017 sufrieron embargos 250 mil Pymes».
El universo Pyme en nuestro país es de entre 700 mil y 900 mil empresas y, como es reconocido, provee el 70% del empleo en Argentina.
El comunicado de APYME concluye: «el Gobierno admite la ola de embargos, pero no actúa sobre las causas». Ciertamente, la gestión de Macri ya demostró que más allá de los títulos de algunos proyectos de ley, las Pymes no son su prioridad, por lo tanto formarán parte de los perdedores del proyecto político macrista.