Página/12 | Opinión
Por Juan Carlos Junio
El 1º de marzo pasado, en ocasión de la inauguración de las sesiones legislativas, el presidente Macri anunció la inminente transformación de Campo de Mayo en un “parque nacional”. Lo hizo como si se tratara de un lugar sin historia, negando deliberadamente que esas tierras estuvieran vinculadas a los años del terror de la dictadura cívico-militar, como si el tiempo de la desaparición de luchadores y negación de todo derecho y principio democrático no hubiera alcanzado allí un protagonismo destacado.
Sobre ese territorio del conurbano bonaerense late la triste memoria de más de cinco mil compañeros y compañeras desaparecidos. Allí hubo bebés nacidos en cautiverio y luego apropiados. Desde la guarnición despegaron los tenebrosos vuelos de la muerte en los que estuvo implicado el oscuro Batallón de Aviación Militar.
Sin una sola mención a estos hechos lacerantes para los familiares, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos, el presidente Macri anunció que una parte importante de ese espacio será destinado a su preservación como parque nacional abierto al público.
En agosto del año 2014 presentamos un proyecto de ley de mi autoría, junto a los diputados Carlos Heller y Carlos Raimundi, impulsando la creación de un Instituto de la Memoria dentro de la misma Guarnición del Ejército en Campo de Mayo. La iniciativa tenía la particularidad de que el instituto funcionaría dentro de un establecimiento militar en actividad.
La iniciativa parlamentaria fue, en realidad, el fruto de una larga militancia de más de quince años de organizaciones políticas y de derechos humanos de las zonas Oeste y Norte del Gran Buenos Aires, nucleados en la Comisión para la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, que contó a partir del 2004 con el apoyo de la Universidad Nacional de General Sarmiento, bajo los rectorados de Eduardo Rinesi y Gabriela Diker, lo cual contribuyó a darle un valioso impulso.
A ese trabajo colectivo y consensuado entre los distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y estudiantiles de la zona, le agregamos nuestro trabajo parlamentario y su transformación en proyecto de ley.
Entre los objetivos de la iniciativa figuraba “la preservación, el resguardo y la transmisión de la memoria de las violaciones a los derechos humanos, del terrorismo de Estado y de las consecuencias de la interrupción del estado de derecho en nuestro país”.
Otro de sus propósitos enunciados fue “promover la profundización del sistema democrático; consolidar una cultura de protección de los derechos humanos, fortalecer los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana; fomentar el intercambio interinstitucional entre diversos sectores y actores de la comunidad; fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra la impunidad y por la plena vigencia de los derechos humanos y sus implicancias en los planos normativo, ético, político e institucional; y promover el uso de los espacios de la memoria para actividades académicas, formativas y recreativas en beneficio de la comunidad”.
Campo de Mayo se despliega sobre 8 mil hectáreas, una superficie similar a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la creación del Instituto de la Memoria sólo proponía ocupar cuatro hectáreas y los inmuebles que se utilizaron como centros clandestinos de detención en su zona de influencia.
La iniciativa “parquizadora” del presidente Macri, que por sus antecedentes tenemos derecho a sospechar que vendrá asociada a negocios privados, reactualiza la discusión sobre esos terrenos. Y ha reabierto una polémica con los organismos de derechos humanos, quienes expresaron su preocupación porque “una iniciativa tan vinculada a la garantía del proceso de Memoria, Verdad y Justicia no haya sido consultada con los familiares de las víctimas que pasaron por ese centro de tortura y muerte, que hoy el Presidente propone como espacio de esparcimiento”.
Quizás sea una oportunidad para reabrir el debate sobre la creación allí del Instituto para la Preservación y Recuperación de la Memoria Campo de Mayo. Sería un modo de hacer compatible la creación de espacios verdes con la imprescindible política de Memoria, Verdad y Justicia reclamada por una extensa red de organizaciones políticas y de derechos humanos de ese sector del conurbano bonaerense y que ya está profundamente incorporada en la conciencia democrática de la mayoría de nuestros compatriotas. La sociedad argentina tiene una deuda con los 5 mil compañeros y compañeras desaparecidos, con los sobrevivientes y con los familiares.
Ese es el sentido político del proyecto de ley. Nuestro pueblo no abandonará nunca su lucha por la difusión de la memoria histórica sobre el terrorismo de Estado y la reivindicación de nuestros 30 mil desaparecidos.
https://www.pagina12.com.ar/100347-una-deuda-con-mas-de-cinco-mil-desaparecidos