Página/12 | Opinión
Por Juan Carlos Junio
Apenas finalizadas las elecciones, Cambiemos intentó, rápidamente, homogeneizar el sentido del voto. El Presidente se propuso sintetizar el resultado de las urnas en una serie de medidas cuyos lineamientos generales expuso hace más de una semana ante un amplio espectro de sectores políticos, económicos, sociales y judiciales. Se trata de una batería de reformas destinadas a construir una suerte de gran acuerdo nacional con un claro sesgo pro empresario y funcional a los financistas internacionales.
Las reformas, en sus pasos iniciales, concitaron la adhesión entusiasta de las grandes corporaciones y de los medios de comunicación monopólicos. Sin embargo, en la medida que se va abriendo el paquete, van surgiendo diversos frentes críticos, algunos francamente confrontativos y otros en un tono más bajo. Ya no solo se expresó la CTA y la Corriente Federal de Trabajadores, sino que la propia CGT se manifestó contra el proyecto de reforma laboral. Algunos gobernadores parecen proclives a acordar con el Gobierno, pero decidieron no participar de la conferencia de prensa propuesta. Y, aún cuando finalmente se llegara a acuerdos con estos sectores, hay un segundo nivel de oposición en el Parlamento donde ya se han anticipado diversas críticas a estas propuestas gubernamentales. Lo esencial será, una vez más, la reacción de la sociedad ante esta ofensiva que agrede el nivel de vida de las mayorías.
El núcleo de reformas presentado por el Gobierno rememora los Pactos de la Moncloa que se sucedieron en España a partir de 1977 después de 40 años de dictadura franquista, y que contaron con el apoyo de la casi totalidad del sistema político, empresario y sindical español. Sin embargo, hay por lo menos una salvedad a señalar: en La Moncloa fue clausurada toda posibilidad de impartir la justicia de la democracia a los genocidas y responsables de cientos de miles de asesinados, desaparecidos y de fusilados ilegalmente. En nuestro país, la lucha del pueblo por la grandiosa idea de Memoria, Verdad y Justicia se fue abriendo paso, impidiendo que la lápida oprobiosa del «perdón y olvido», intoxique la vida de las generaciones futuras e inficione a la democracia con su lógica de impunidad. El reciente intento del «dos por uno» es un ejemplo vivo de esa notable diferencia: el pueblo en la calle le infligió a los perdonadores de siempre una fuertísima derrota política y cultural.
El presidente Macri decidió que la ventaja en la elección de medio término le confiere el monopolio de la interpretación: potenciando el valor de los que lo apoyaron y relativizando hasta la nada misma a los que votaron otras opciones, mayoritariamente opositoras. Se trata de la vieja utopía de la derecha, ahora con coreografía modernizada. Así es que asistimos a una gran puesta en escena de una «nueva» república conservadora.
Si ese «gran acuerdo nacional» se llegara a consolidar, el Gobierno habrá transformado en políticas públicas su interpretación homogeneizante del voto. Cierto es que los principales editorialistas de los grandes medios confiesan que se trata de un cambio refundacional, para volver a la «normalidad» ya proclamada por el Presidente, o sea retornar a tiempos anteriores al kirchnerismo.
Por supuesto se impone un señalamiento básico: no hay un solo sentido del voto. Hay varios: tantos como proyectos de país. El cónclave presidencial es un llamado a la participación activa a una parte de su calificado auditorio y a otros a apoyarla con el silencio y la pasividad, encuadrándose en los límites estrictos del modelo: una Argentina de minorías, subordinada al capital financiero, que baja impuestos a los empresarios a la vez que baja salarios, y sube impuestos y tarifas al pueblo, con flexibilización de las relaciones laborales, con mayor desocupación y pobreza.
¿Y qué sucede con la oposición real a ese modelo? La que expresa otro sentido del voto, otro proyecto de país. El discurso oficial, el del «nuevo sistema republicano», se propone presentarla, no como una parte más del disenso democrático, sino como aquello a lo que hay que estigmatizar y excluir para que los contenidos de ese pacto puedan llevarse adelante. Así, resultaría una república autoritaria: su diseño se realiza sobre la base de excluir a una parte, que expresa una porción significativa del voto. O sea una democracia subordinada a los intereses de minorías empresarias, locales e internacionales, consagrando en los hechos la contradicción insalvable de un gobierno elegido democráticamente, pero que actúa negando los principios elementales de los derechos ciudadanos y de los preceptos constitucionales. A poco de andar, se desnuda una vez más que la derecha en su esencia no puede ser democrática.
Pero existe otro pacto: el que firmaron todos los candidatos de Unidad Porteña antes de las elecciones. Un compromiso con los electores en el que se les garantizó el respeto a los contenidos de su voto.
Específicamente no votar leyes que deroguen o restrinjan los derechos ciudadanos. Ni aquellas que limiten las paritarias libres o promuevan formas de flexibilización de las relaciones del trabajo y cercenen conquistas sociales de los trabajadores y de los jubilados: particularmente el recorte de sus ingresos y la privatización abierta o encubierta del sistema previsional público. El compromiso también incluyó el rechazo a leyes que favorezcan una reforma impositiva de carácter regresiva o que promuevan el endeudamiento externo que ponga en riesgo la sustentabilidad de la deuda y la propia soberanía de la Nación, entre muchos otros puntos.
También nos comprometimos a impulsar leyes que consoliden y amplíen los derechos y beneficios de los trabajadores activos y jubilados, que favorezcan la creación de fuentes laborales y el crédito se dirija al desarrollo económico integrado y a la vivienda digna para todos los argentinos y argentinas, entre otras propuestas.
Nos opondremos, junto a amplios sectores de la vida social, cultural y política al «cambio para el ajuste» de la derecha. Una vez más el reto es moverse en torno a ideas comunes de avanzada y un programa que defienda los grandes logros del kirchnerismo que ahora intentan demoler, y que además avance hacia nuevos horizontes: será vital democratizar los medios de comunicación, avanzar hacia la potestad de nuestros recursos naturales para proteger nuestro hábitat y que la generosa riqueza de nuestra naturaleza sea para los argentinos, reformar el sistema financiero para que sea útil a las Pymes y al sistema productivo, expandir lo público en salud y educación con un fuerte protagonismo de sus respectivas comunidades, seguir legislando en pos de nuevos derechos para la mujer, como el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Una vez más, la historia está por hacerse, y como siempre, la clave es que el pueblo la tome en sus manos.
Nota publicada en Página/12 el 12/11/2017