BAE | Opinión
Por Juan Carlos Junio
Las formas asociativas de gestión son inviables en la concepción del oficialismo
En marzo de 2016 había en la Argentina 367 empresas recuperadas que ocupaban a 15.948 trabajadores y trabajadoras. El importante desarrollo de estas experiencias de gestión fue una de las respuestas a la crisis del 2001. Los trabajadores se unieron en cooperativas, y con esa impronta social y productiva defendieron sus fuentes de trabajo, a la vez que se sostenían talleres, fábricas y empresas de servicios, que estaban condenados a su desaparición por el abandono de sus dueños. Más de un 65% de estas nuevas formas de gestión estaban ubicadas en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.
Durante los gobiernos kirchneristas, y bajo un modelo económico que estimuló el mercado interno y la demanda agregada, las empresas recuperadas y las cooperativas se beneficiaron con una serie de medidas macroeconómicas generales y otras específicas para el sector.
En este sentido, las cooperativas y las empresas recuperadas fueron integradas al proyecto de desarrollo nacional con inclusión social.
Todo cambió con el arribo del macrismo al Gobierno nacional, que trajo un viraje ideológico en la materia, ya que desde sus concepciones, las formas asociativas de gestión son inviables. La única valedera es la privada, que por su naturaleza conformada por el afán de lucro, es generadora de riqueza.
La instauración de un ciclo económico que repite una arquitectura que conducirá a una nueva desindustrialización de la estructura económica argentina atenta contra el sostenimiento y desarrollo de muchas de estas empresas recuperadas y cooperativas. Hoy enfrentan el aumento generalizado del costo de los insumos, el descenso abrupto del consumo, la apertura de importaciones, la devaluación que encareció a las materias primas importadas y arrastró con los aumentos a las nacionales y, sobre todo, los tarifazos, especialmente en electricidad y gas, con incrementos que oscilan entre un 200% y un 900% en la energía eléctrica y hasta en un 1300% en el gas. Una verdadera operación de pinzas.
Por otra parte, hasta el 10 de diciembre de 2015 existían varios programas en distintos ministerios que se ocupaban de generar condiciones de sustentabilidad y crecimiento para estas empresas recuperadas y cooperativas. Entre ellos, el Programa Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, que ofrecía los subsidios llamados Línea 1, equivalentes al Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para empresas en crisis del sector privado, con los que se financiaba una parte del salario mensual de los trabajadores. Otras líneas, incluían subsidios para compra de maquinarias, mejora de procesos, capacitación y certificación de calidad. Este programa, que podría desempeñar un papel contracíclico en un contexto de crisis como el actual, no ha sido desmantelado pero tampoco activado. Todo su accionar está paralizado.
También fueron interrumpidas las compras del Estado a las cooperativas de la Red Textil Cooperativa cuyo caso más emblemático es el del Ministerio de Seguridad que le demandaba chalecos, uniformes y ropa de trabajo. Algo similar sucedió con la adquisición de guardapolvos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. En cooperativas como Nueva Generación, de Wilde, dedicada a la fabricación de guardapolvos, remeras e indumentaria de trabajo, el cese total de los pedidos entre enero y marzo provocó la caída del 80% de la producción, lo que a su vez desencadenó en la disminución del plantel laboral (muchos trabajadores debieron buscar otros medios de subsistencia) y en la reducción de los ingresos a niveles de precariedad.
En paralelo, tanto la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, como el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta continúan con una práctica ya implementada recurrentemente por Mauricio Macri cuando aún estaba al frente de la Ciudad: el veto sistemático de todas las leyes de expropiación de empresas recuperadas, aun aquellas votadas por sus propias bancadas. Estas medidas fueron acompañadas por un aumento de las causas penales por usurpación contra los trabajadores ocupantes de las plantas.
Todos estos datos en conjunto indican que se ha decidido desproteger y, aún más, abandonar a su propia suerte al sector de la economía social.