Tiempo Argentino | OPINIÓN
Con el apoyo de un núcleo de diputados, presentamos la iniciativa parlamentaria que propone declarar de interés público la exploración, explotación e industrialización del litio y sus derivados. Nuestro argumento central es que el interés público debe primar sobre el particular.
Por Juan Carlos Junio
Históricamente los grandes ciclos de los recursos naturales en América Latina, que Eduardo Galeano marcara a fuego en sus Venas abiertas… -como el del oro, la plata, el caucho, el guano o el petróleo- estuvieron asociados a la explotación por parte de los imperios coloniales, primero, y de los capitalistas, después.
Vivimos una época de recuperación de los valores colectivos como Nación, lo cual implica que nuestros recursos naturales sean considerados políticamente como estratégicos. En los últimos tiempos, se avanzó decididamente en esa línea. Hay ejemplos rotundos: el más trascendente es la reestatización de YPF, que significó el retorno de la riqueza petrolera a la soberanía de la Nación; la reestatización de los fondos jubilatorios es una de las medidas más importantes de nuestra historia por los recursos económicos que incorporó al manejo del Estado. Y se avanzó en la misma dirección con Aerolíneas Argentinas, el agua y los ferrocarriles.
Esta política se fue desplegando en contradicción con los poderes económicos locales y extranjeros, contradicción que se compensó con el creciente apoyo de la ciudadanía, que cada vez más valora positivamente la gestión estatal, dejando atrás el mito de que lo privado es sinónimo excluyente de eficiencia.
El litio tiene una característica particular en relación con los otros recursos naturales no-renovables del país. Desde hace años, la prensa especializada nombra a los yacimientos del norte de Argentina y Chile y a los del sur de Bolivia como el «triángulo del litio» y más coloquialmente como la «Arabia Saudita del litio».
El litio es el metal sólido más ligero conocido, es el de mayor potencial electroquímico y un súper conductor. El hidróxido de litio es indispensable en naves espaciales y submarinos; es fundamental en la industria aeronáutica y en la industria nuclear. En 1991, cuando Sony desarrolló la batería de ion-litio revolucionó la industria electrónica mundial. En la actualidad, prácticamente todos los teléfonos celulares, computadoras personales, reproductores de música digital, autos híbridos y un sinfín de otros productos dependen de baterías y componentes de litio.
La industria de este metal, que emerge como el petróleo en los inicios del siglo XX, está monopolizada en el mundo por cuatro empresas: Talison, SQM, Chemetall y FMC.
Nuestro código minero de 1994 es probablemente la pieza jurídica neoliberal más pura y opuesta al concepto de soberanía de los recursos naturales. Nacido de un entramado de lobbies de corporaciones, con la aquiescencia de poderes provinciales y un Estado nacional inficionado por el neoliberalismo menemista; el código explicita la prohibición de que el Estado explote directamente los yacimientos, y obliga a entregar a privados para su explotación los minerales que encontrase. Se trata de un estatuto neocolonial que posibilita un saqueo discrecional a manos de las grandes mineras del mundo.
Esta concepción política y legal debe ser remplazada por otra que proteja nuestros recursos. Pero además resulta contrastante con la de los dos países hermanos: Chile, con una matriz económica neoliberal, estableció en su Código Minero y en la Ley Orgánica Constitucional Minera que el litio es un recurso estratégico. Bolivia declaró en su Carta Magna de 2009 que el litio es de interés estratégico, un recurso de soberanía popular y no puede ser concesionado ni vendido a empresas extranjeras. El gobierno de Evo Morales está invirtiendo fuerte en el desarrollo de tecnologías basadas en litio, y la primera planta ya produce 1000 baterías diarias.
En Argentina se concesionaron los yacimientos de litio a corporaciones extranjeras a precios que no valorizan el verdadero potencial del mineral y se sostiene el anacronismo de ponderarlo como cualquier otro recurso, cuando debiera definirse como un elemento estratégico.
Habría que agregar que la explotación puramente capitalista, ejecutada por corporaciones con base en regiones remotas, tiene otras consecuencias. La principal es la afectación a la vida humana por los graves impactos ambientales y de salud, que el poder económico invisibiliza a través de su influencia en los medios masivos de comunicación.
Nuestro proyecto de ley se sustenta en una visión que no se restringe a lo meramente económico y circunstancial del recurso natural. Por el contrario, aprecia que la riqueza mineral es un instrumento de cambio social relacionado al territorio y a las comunidades cercanas de donde se encuentra. En sus considerandos especifica que no se deben repetir errores en las políticas de desarrollo humano en las que grandes proyectos mineros conviven al lado de comunidades empobrecidas, y con impactos destructivos del tejido social y cultural, generando además daños irreversibles a la naturaleza.
El punto nodal del proyecto es la creación de una Sociedad del Estado en la que estén representadas las provincias que tengan yacimientos comprobados de litio; las universidades nacionales con sede en las provincias con yacimientos; el Ministerio de Ciencia y Tecnología; el CONICET; y las comunidades originarias que habitan en la zona.
Si avanzan iniciativas legislativas de este tenor, se irán asegurando a las próximas generaciones los beneficios de las riquezas de nuestro suelo, se honrará el trabajo de nuestros científicos, se respetarán los derechos de nuestros pueblos originarios y la capacidad colectiva de ser dueños de nuestros recursos naturales sin capitular ante el paradigma neoliberal de la época, que concibe a las riquezas como oportunidades de negocios.
En la región, la lucha por la posesión de las minas y contra los monopolios viene desde nuestros orígenes. Ya Mariano Moreno en su «Plan de operaciones» proponía «hacer desaparecer las fortunas agigantadas de 5000 mineros y pasarlas a poder de la Nación por diez años». Se refería a las minas altoperuanas de la Bolivia actual. Han pasado dos siglos y aquel reto sigue vigente. Consecuentes con el prócer, nos podemos afirmar en la expresión de San Ambrosio, que Moreno recogía: «Es mejor conservar la vida de los mortales que la de los metales.»