Tiempo Argentino | OPINIÓN
A medida que transcurre 2015 vamos observando los avances, a escala continental, de una derecha que opera para derrotar a los gobiernos que han aplicado un conjunto de políticas que implicaron profundas mejoras en las condiciones de vida de la población-principalmente las de los sectores más humildes y las clases medias- y asumieron posiciones autónomas con un sentido americanista en política exterior.
Por Juan Carlos Junio
A medida que transcurre 2015 vamos observando los avances, a escala continental, de una derecha que opera para derrotar a los gobiernos que han aplicado un conjunto de políticas que implicaron profundas mejoras en las condiciones de vida de la población-principalmente las de los sectores más humildes y las clases medias- y asumieron posiciones autónomas con un sentido americanista en política exterior.
El caso brasileño se ha transformado en emblemático. Su gobierno está acosado por una acción política, mediática e institucional planificada con un fin antidemocrático y destituyente, a muy poco de que Dilma Rousseff asumiera su segundo mandato presidencial, debilitada por la falta de mayoría parlamentaria. La amenaza de juicio político a la presidenta brasileña se atenuó, luego de que el titular del Senado, Renan Calheiros, desestimara la moción de la Cámara de Diputados. A cambio de ello, el gobierno lanzaría en estos días una agenda de medidas impulsada por el mencionado legislador. Se trata de «Agenda Brasil», que incorpora 28 medidas que abarcan las áreas de infraestructura, disciplina fiscal y protección social, contemplando el aumento de la edad de jubilación y el otorgamiento sin demora de permisos ambientales para proyectos de infraestructura. Las disposiciones siguen el espíritu, según sostuvo el senador, de «reducir el tamaño del Estado y el gasto público»; y como frutilla del postre «poner fin a la ilusión aduanera del Mercosur». O sea, las expresiones clásicas de la ortodoxia conservadora tendiente a más privatizaciones y menor gasto social, que incluyen la liquidación del Mercosur. Una vez más ocurre que las concesiones a la derecha no se detienen e incluso, la ceban para ir por todo.
Para comprender integralmente la acción extorsiva es preciso incluir en el análisis el rol que juegan en este dispositivo las agencias de calificación como Moody´s, que acaba de bajarle la nota a la deuda pública, dejándola sólo un escalón por encima del «grado de inversión», aunque la calificadora sostuvo que Brasil tiene capacidad de mejorar su crecimiento y su desempeño fiscal. El ministro de Hacienda y representante de la banca privada en el gobierno, Joaquim Levy, comentó ante la prensa que este informe, «detallado» y «transparente», contiene una indicación de las prioridades que Brasil debe tener «para mantener la calidad» de la deuda pública y que es necesario «lograr los objetivos fiscales y monetarios para restaurar la confianza de los inversionistas y estimular el crecimiento». El ministro es consecuente con su conocida prosapia neoliberal y se vanagloria sin ruborizarse de que hay que allanarse a las indicaciones dadas por la calificadora. No acusa recibo del empeoramiento de la situación económica y social durante su gestión, una consecuencia directa de la austeridad fiscal y del aumento de tasas, todas políticas moldeadas para satisfacer a los acreedores financieros y a los sectores más pudientes que siguen enriqueciéndose, a la vez que conspiran contra la presidenta brasilera.
Una parada obligada en el análisis es Grecia que, con las diferencias del caso, también está sometida al juego de los mercados y de la política de la Comunidad Europea. El país heleno está a punto de obtener el visto bueno para el tercer rescate por unos 85 mil millones de euros, fondos que por cierto no podrán ser utilizados para elevar la productividad de la economía, recuperar el trabajo y salir del marasmo social. Según la troika, la plata se utilizará para pagar a los acreedores financieros y salvar a los bancos de la quiebra. Así, tras consolidar todas las cuentas con un artificio contable, avanza en privatizar las riquezas del Estado para pagar a los prestamistas, aunque todos saben que el plan no puede funcionar, como afirma el popular ex ministro de finanzas, Yanis Varoufakis.
En nuestro país, el calendario marca que el establishment se propone privilegiar la batalla electoral. La derecha se lanza a una interpretación simplista y sesgada de las PASO, que apunta a mostrar que existe un 60% de rechazo al actual modelo, ocultando que la fórmula Scioli-Zannini ha consolidado un caudal de votos muy importante sobre el cual puede crecer e imponerse definitivamente. Concurrentemente, en una actitud furiosa en términos políticos, los voceros mediáticos del establishment exigen a la oposición que se una para derrotar al kirchnerismo. Resulta imposible sostener estas hipótesis cuando la presidenta Cristina Kirchner, símbolo máximo de estos 12 años, está terminando su mandato con más del 50% de aceptación popular, afirmando su legitimidad desde la propia opinión pública.
De allí que resulta muy difícil pensar que las bases electorales, ante el dilema de una elección presidencial en la que deberán optar por la continuidad de políticas que mejoran sus vidas o, por el contrario, interrumpir ese proceso; se inclinen ante la presión furiosa, cargada de odio y sin destino del antikirchnerismo mediático-político. En este escenario de fuerte confrontación, no llama la atención la segura designación al frente de la Unión Industrial Argentina de Adrián Kaufmann Brea, hombre de la empresa Arcor, que junto con Clarín y Techint configuran el núcleo duro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que opera como ariete de las más rancias políticas ortodoxas.
Coincidentemente, la inoxidable Moody´s acaba de señalar que el nuevo gobierno deberá hacer, entre otras tareas, un ajuste fiscal y arreglar con los acreedores que no entraron al canje de la deuda. El mismo machete que en su momento leyó Mauricio Macri -antes de su reciente giro retórico copernicano-, cuando llegó a plantear que había que hacer lo que Griesa dijera, es decir, pagarle el 100% del reclamo a los buitres, colocándose rápidamente en las antípodas de cualquier postura de defensa del interés nacional. En este sentido, el dilema político principal para el kirchnerismo en los próximos tiempos surge clarísimo: no hay ninguna batalla más trascendente que poner todo el esfuerzo, la creatividad y el sentido militante en la lucha por derrotar a la derecha y asegurar el triunfo de la fórmula Scioli-Zannini. Esa determinación implicará la salvaguarda de los logros de estos 12 años y el afianzamiento en el rumbo para avanzar hacia nuevas conquistas en materia de distribución de la riqueza, derechos sociales, culturales y de soberanía nacional, con el sentido americanista que caracteriza a nuestra época.