Tiempo Argentino
En el frente local, rehuyen con obsesión a lecturas positivas o niegan deliberadamente las dificultades objetivas del contexto global.
La economía es una ciencia social cuyo objeto es el estudio de procesos complejos y contradictorios que hacen a la organización de la sociedad humana en las diversas etapas de su desarrollo productivo. Por tanto, no puede prescindir de una mirada eminentemente política y cultural, que se basa en la existencia de intereses y sectores contrapuestos al interior de la sociedad. Esa definición permite comprender las posiciones de los representantes y lobbistas del establishment, que hacen malabares para esconder, en general sin éxito, sus preferencias en torno a su proyecto de país.
Pensando en clave global, en la reciente Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial, el Fondo hizo una defensa abierta de su clásico dogma de reformas estructurales como forma de «afianzar el potencial de crecimiento y lograr un crecimiento más sostenible», y destacó que «si no se llevan a cabo estas reformas, el crecimiento podría seguir siendo decepcionante y poner en peligro los principales avances logrados en nuestra región». La ratificación de su línea política confirma que, a pesar de la crisis que estalló en 2008, los organismos de crédito no han cambiado un ápice sus parámetros y su visión de la sociedad, con prescripciones de corte profundamente regresivo y antipopular, como ocurre con el «renovado» planteo de que a través de la flexibilización laboral se podrá alcanzar un crecimiento con mejor distribución del ingreso. Proponen la vieja receta, fracasada en América Latina y vigente en la actualidad en la Europa del ajuste y la crisis crónica.
Esta visión fue severamente criticada en la 18º Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), su director, Guy Ryder, señaló que «diez años atrás, la informalidad era vista como una fuente de dinamismo para la creación de empleo y desarrollo», y resaltó a Argentina, Brasil y México, como «ejemplos de políticas para la formalización que funcionan».
En el frente local, rehuir este tipo de lecturas es moneda corriente en un sector mayoritario de la oposición, que niega deliberadamente las dificultades objetivas del contexto global y la propagación de su impacto en todas las direcciones y también en nuestro país. Sobre esa base se empecina con «propuestas» que nunca terminan de formularse, y mucho menos de fundamentarse seriamente. Por caso, desde el massismo destacaron la necesidad de «volver a los mercados internacionales de crédito». Eso quiere decir volver a estar en sintonía con la lógica noventista de endeudar al país y de los vínculos carnales con las potencias hegemónicas capitalistas.
Las intenciones políticas de retornar al paradigma del último cuarto del siglo XX (menemismo- delarruismo) se vieron exacerbadas en los últimos días a través de un compendio de definiciones profundamente antidemocráticas que encontraron eco en los principales medios dominantes. Por ejemplo, el senador radical Ernesto Sanz sostuvo: «En caso de ser gobierno las leyes que salieron de manera forzada, las vamos a revisar y las vamos a derogar.» Ello significaría terminar con leyes que en nuestro país han generado avances importantes para la mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Es el caso de la Ley del Peón Rural, que benefició a 1,2 millones trabajadores, o la Ley para trabajadores/as de Casas Particulares que otorga derechos a l millón de personas. También implicaría una amenaza a la reestatización de YPF, que ya ha dado resultados muy trascendentes, o a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que posibilitó que se asignen grandes recursos de los bancos para las pymes. Quizás también piensan derogar la reestatización de las AFJP, que generó un cambio de paradigma en la política previsional, beneficiando a millones de jubilados y pensionados, muchos de los cuales, de otro modo, no hubieran llegado a tener un ingreso en su vejez.
Las declaraciones de Sanz, quien en rigor ya tenía un interesante prontuario en el que constan afirmaciones acerca de que la Asignación Universal por Hijo se iba «por la canaleta del juego y de la droga», constituyen un ejemplo de sinceridad que refleja nuevamente las verdaderas ideas de la derecha vernácula, que esta vez confluyeron con representantes de otros espacios políticos, como Sergio Massa, quien no quiso quedarse atrás y sostuvo: «hay que desarmar el tejido de chavismo normativo que construyeron», o Federico Pinedo, quien afirmó que lo primero que hay que hacer es «poner las leyes de acuerdo y no en contra de la Constitución». Todos juntos, en el extravagante y oscuro partido de los derogadores de leyes democráticas.
Se evidencia nuevamente la idea de que todo aquello que resta privilegios al capital concentrado puede caer en el terreno de lo anticonstitucional. Esta postura sería lógica para el caso del G6 o del Foro de Convergencia Empresarial que nuclea a las grandes empresas monopólicas. Pero es más difícil comprenderla de legisladores electos por el voto popular, y mucho más teniendo en cuenta que son normas aprobadas por un Parlamento del que ellos mismos forman parte. En cuanto al listado de leyes que derogarían, ya han sido pensadas y presentadas al público por los ideólogos de Clarín y La Nación.
En suma, la reciente y agresiva actitud que ha mostrado la oposición, tratando de marcar la cancha a partir del rechazo a las leyes aprobadas en los últimos años, es una demostración contundente de su impotencia ante la iniciativa de la Presidenta de la Nación, quien no cede ante estas brutales presiones; y de la disputa en torno al rumbo que se le quiere dar al país. Las leyes que cuestionan abruptamente han permitido avanzar en la expansión de derechos, apuntando a la construcción de una sociedad cada vez más justa y solidaria, que incluye a millones de argentinos/as que antes de 2003 no alcanzaban realmente la categoría social/política de ciudadano. En este marco, 2015 debe ser visto como otro año propicio, más allá de la disputa electoral, para continuar con los cambios necesarios: reforma tributaria para seguir distribuyendo riquezas, nueva ley de inversiones extranjeras, ley de servicios financieros, entre otras, que permitan seguir avanzando en la tarea de desarmar la institucionalidad neoliberal remanente, para consolidar el actual proyecto político.