Las corporaciones empresarias, los políticos pro establishment y los medios monopólicos.
Los sectores políticos y mediáticos que expresan al poder económico, que sueña y proyecta una «restauración» conservadora, circulan con fuerza por el continente americano. A tan sólo un mes de los comicios presidenciales brasileños resulta llamativo el avance en las encuestas de la candidata Marina Silva, bendecida por la fabulosa maquinaria mediático-neoliberal, que levanta, aquí y allá, las habituales banderas de la inflación, el elevado gasto y la falta de inversión como un subproducto del «intervencionismo estatal». Así, durante estos días se potenciaron en Brasil los planteos respecto de la necesidad de dotar de independencia al banco central, contar con un manejo más ortodoxo del presupuesto y hasta una inserción internacional en la que sería deseable, según Silva, configurar un MERCOSUR más flexible que permita llevar a cabo acuerdos bilaterales y tratados con otros bloques, como la Alianza del Pacífico, inspirada por los gobiernos de derecha sobre la base de la estrategia continental de EE UU.
Las reminiscencias locales del caso brasileño surgen a primera vista cuando se considera a un amplio y variado sector del arco político opositor que, sin embargo, confluye y se une en un discurso que va dejando a jirones sus ideas y banderas históricas. Ahora, ante la «gravedad» de los acontecimientos por las iniciativas políticas y parlamentarias del gobierno nacional, se disipan las brumas que posibilitan un discurso ambiguo y la oposición sale al cruce de la modificación de la Ley de Abastecimiento, en clara confluencia con el interés de los grandes grupos empresarios nucleados en el Grupo de los Seis (G6) y el Foro para la Convergencia Económica. Gerardo Morales (UCR) aseguró: «Hay mucha arbitrariedad y discrecionalidad. El gobierno se está radicalizando ante la crisis económica, yendo a un chavismo extremo (…). La nueva ley podría ser impugnada ante la Justicia por inconstitucional.»
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, pontificó también que «un gobierno que hace años tiene la mayoría en el Congreso, una tropa que vota todo, me hace acordar a la obediencia debida durante la dictadura». Está demostrando su verdadero pensamiento de extrema derecha y claramente antidemocrático. La analogía indica los verdaderos temores del empresariado más concentrado, del cual una parte importante es de capital multinacional, para quien la regulación estatal constituye algo asimilable a un delito de lesa humanidad. A su vez, el último comunicado del G6 manifiesta: «Los empresarios instan al Poder Legislativo, a tener en cuenta los elevados riesgos que implica esta iniciativa sobre la generación de empleo, la inversión, el crecimiento de la producción y el adecuado abastecimiento.» Se trata de una vulgar y primitiva amenaza acerca del supuesto poder de fuego que podría desplegar el arco de las grandes corporaciones si el Estado, en representación de los ciudadanos de la Nación, se aboca a actuar para impedir los crónicos abusos en los precios.
Aprovechando esta coyuntura, a poco menos de un año del comienzo de las primarias, en agosto de 2015, los candidatos se vieron obligados a mostrar algunas de sus cartas en materia económica. Los planteos ortodoxos no tardaron en llegar, tal como ocurrió en el escenario montado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para celebrar el Día de la Industria. El extremo de la postura neoliberal noventista fue aportado por el alcalde Mauricio Macri, quien señaló que en caso de ser presidente la inflación «no va a pasar a cero en el primer día sino en tres años». Lejos de importarle los costos de alcanzar una inflación nula (elevado y persistente desempleo), hoy en día ningún país de los que él considera «serios» tiene un objetivo de inflación cero. Su postura refleja una dosis de ortodoxia extrema y un profundo desconocimiento de la complejidad del tema inflacionario y sus múltiples causales, aunque aquí lo esencial es su búsqueda por ocultar que los grandes formadores de precios son los verdaderos fabricantes de la inflación. El jefe del PRO también anunció que bregará por «la eliminación de todas las retenciones a las economías regionales y de cualquier impedimento para exportar, así como bajar cinco puntos por año las retenciones a la soja». Estos enormes recursos económicos que dejarían de ingresar al erario público, para Macri se compensarían con un «aumento de la producción», aunque también aclaró que habría que tomar acciones para reducir el «despilfarro». A la luz de la experiencia de su gestión en la Ciudad, está claro que propone reducir los ingresos por retenciones incrementando impuestos sobre los ciudadanos de a pie o recurrir a un mayor endeudamiento. Macri estaría cumpliendo con las demandas de la Sociedad Rural. Sergio Massa, por su parte, habló de analizar la baja de retenciones y mencionó que para «ganarle» a la inflación «el Banco Central debe recuperar su autonomía», o sea uno de los pilares fundamentales de la derecha neoliberal, que se promueve desde las usinas de la Embajada norteamericana. También señaló que el Mercosur debe acercarse a la Alianza del Pacífico, concepto con el que también acordó Elisa Carrió.
El candidato presidencial socialista Hermes Binner no quiso quedarse atrás; dijo sin eufemismos acerca de la reforma a la Ley de Abastecimiento que «la iniciativa es un disparate». Remató señalando: «creemos todavía en la mano invisible del mercado».
La derecha política opositora, sin plan ni programa coherente, comienza a darle señales concretas al establishment que se subordinará a sus exigencias. Ante ello, resulta fundamental no perder de vista las enseñanzas históricas recientes. Las mismas nos señalan que, aún con límites y asignaturas pendientes, los avances conseguidos no obedecieron a la implementación de mágicas recetas sino que fueron una consecuencia de la amplia participación ciudadana y de una visión ideológica que valora la intervención activa del Estado Nacional y que ahora se afirmará a partir de nuevas leyes. Es una lógica con un profundo sentido de progreso social, que la opción restauradora de tres grandes poderes: las corporaciones empresarias, los políticos pro establishment y los medios monopólicos, pretende desesperadamente desarticular.
Frente a una ley que se propone defender a los ciudadanos, las corporaciones que abusan de su poder dominante colocan a esta tríada -pretendidamente sacrosanta- en una flagrante contradicción con los intereses de las grandes mayorías sociales.