Lo que está en discusión, una vez más, es cómo se reparte la riqueza y el carácter ilimitado de la ganancia empresaria.
El conflicto con los maestros bonaerenses y de otros distritos del país, mientras crece, va poniendo al desnudo la ausencia de políticas provinciales para generar los recursos económicos que resuelvan las demandas sociales vitales, entre las cuales hay una fundamental: el salario de los trabajadores. Sigue pendiente de resolución el acuerdo con CTERA que fije un piso mínimo de haberes para todo el país. Este elemento complejiza el escenario, porque su resolución condiciona las negociaciones en las jurisdicciones provinciales, varias de ellas en conflicto.
Este proceso puede ser abordado desde distintas perspectivas y, como es lógico, los intereses de los diversos actores generan discursos que enfatizan en temas distintos y contrapuestos. Es preciso un trabajo de composición de las múltiples miradas para comprender cuáles son los aspectos principales y dominantes que posibiliten una adecuada lectura de estas cuestiones tan trascendentes.
Sin embargo, hay una arista poco abordada, pero cuyo análisis y definición resultan decisivos para evaluar políticamente esta problemática: ¿Hay o no hay recursos para atender el incremento salarial al que aspiran los docentes? Antes de abordar el interrogante sobre si hay riquezas acumuladas que puedan ser gravadas, recordemos de qué se trata esta negociación. La paritaria docente implica la búsqueda de acuerdo entre el Estado Nacional, las provincias y las organizaciones sindicales docentes más representativas: los sindicatos con representación nacional, la CTERA -integrante de la CTA- y cuatro federaciones que pertenecen a la CGT: Sadop (maestros particulares), Amet (de escuelas técnicas), CEA y UDA.
En el plano salarial, las paritarias fijan un piso por debajo del cual no puede establecerse ningún salario docente y a partir de esa base cada jurisdicción provincial prosigue las negociaciones con el sindicato correspondiente. En ese ámbito se discute un acuerdo que se adecua a la realidad de cada distrito. El gobierno nacional asiste a las provincias que tienen mayores limitaciones presupuestarias para asegurar el financiamiento de los salarios de esas jurisdicciones. Así las cosas, en las negociaciones salariales hay dos instancias que, si bien están articuladas, son diferentes. En suma, la Nación define el piso; las provincias terminan de establecer los incrementos salariales.
En el actual conflicto en la provincia de Buenos Aires, cuando el gobernador Daniel Scioli afirma que está ofreciendo el 30%, en verdad lo hace para una franja minoritaria compuesta por el 20% de los docentes. El resto percibiría entre el 20 y el 22%, lo cual es inaceptable bajo cualquier análisis serio. Particularmente si se tiene en cuenta que en ese crucial distrito el salario docente fue decayendo en los últimos años.
Los medios de comunicación hegemónicos, cuyo objetivo es erosionar al gobierno nacional y a los sindicatos, saturaron con crónicas y análisis tendenciosos que responsabilizaban directamente a los docentes, a sus organizaciones gremiales y al Estado Nacional.
Tras estas brumas y sus sordos ruidos, se esconde el otro argumento falso pero eficaz: «Si plata no hay, no me pidas un imposible, la tuya es una conducta irresponsable.» Lo cierto es que tanto la provincia de Buenos Aires como otras de la Pampa Húmeda, o la denominada «zona núcleo», están viviendo un momento extraordinario de crecimiento de su tasa de ganancia y, consecuentemente, de su patrimonio. Ya forma parte del sentido común el conocimiento de que campos que hace una década tenían un valor de 3000 dólares la hectárea, ahora hayan multiplicado por tres o cuatro su precio. Un fenómeno económico que ya adquiere ribetes de ciclo histórico de auge de la riqueza, particularmente de los propietarios más grandes. Como siempre, el caso de los pequeños chacareros es diferente.
Volviendo a la política y a las demandas de maestros, médicos, enfermeros, trabajadores del Estado, judiciales, etcétera, todo indica que desde la gobernación actual, y desde anteriores también, se ha negado la decisión de ir por esas riquezas mediante mecanismos impositivos y su tratamiento parlamentario. De allí que señalemos crudamente en términos políticos que, o se gravan a esos núcleos llenos de riqueza, o hay que asumir la otra opción inevitable: enfrentar a maestros y trabajadores en general.
Un razonamiento similar es aplicable a las paritarias de los trabajadores privados. Las corporaciones monopólicas, tanto locales como extranjeras, que concentran riquezas y son empleadores de grandes nucleamientos de trabajadores, ¿tienen plata o no? De nuevo el mismo dilema. Según el estudio de Basualdo y Aspiazu citado por el economista Alfredo Zaiat sobre el panel de las 500 empresas más grandes, la rentabilidad empresaria de la década del ’90 fue del 9,4%, pero en la década posterior, del año 2013 a 2012, fue del 18,6% por ciento. Como vemos, aquí también «la plata está».
No exageraba la Presidenta cuando decía que «la juntaron en pala», convocando a los grandes empresarios a la reflexión como capitalistas y a sentirse parte del país. Todo indica que actúan según nos recuerda aquel antiguo dicho: «Dan la callada por respuesta.»
Enfrentar a los poderosos dueños de las riquezas, nunca en la historia ha sido fácil. Cuando Scioli amagó con incrementar el impuesto inmobiliario rural y actualizar las envejecidas valuaciones de los campos, la Sociedad Rural, que como hace un siglo y medio siente que es «la Patria», asaltó la Legislatura de la Provincia con su entonces presidente Hugo Biolcati a la cabeza. La modificación del impuesto prácticamente se diluyó. Son los dilemas de la política y de sus dirigentes. O se actúa a favor de las grandes mayorías sociales, confrontando con las minorías poderosas, o la ecuación social y política se invierte.
En suma, la respuesta al problema central emerge clarísima: ¡Si hay plata, y mucha! Surge entonces una pregunta obligada: ¿dónde está? ¿Quién la tiene? La respuesta no es difícil, sólo hay que disipar la bruma que imponen los grandes medios sobre estas cuestiones nodales. Lo que está en discusión, una vez más, es cómo se reparte la riqueza, el carácter ilimitado de la ganancia empresaria capitalista como cuestión estructural y, en la actual coyuntura, establecer y hacer públicos los costos que posibilitan utilidades exorbitantes, como lo demuestran las estadísticas.