Es un componente central de la lucha por la igualdad social ya que en ese punto se sustenta el verdadero sentido de la democracia.
Luego de conocerse el dato de inflación de febrero con un guarismo todavía alto, comenzó a ganar consenso la idea que a partir de marzo se verificará una desaceleración del indicador, ya que en los primeros dos meses del año se habría absorbido una parte importante del efecto de la devaluación de enero. El cambio de tendencia es una buena noticia, sin embargo fue prácticamente omitida por los grandes medios, que, por el contrario y rápidos en sus reflejos, comenzaron a cargar las tintas aseverando temerariamente que en los próximos meses será inevitable una nueva devaluación. Es evidente que se trata de una postura con una manifiesta intencionalidad política, soslayando los datos que surgen de la realidad, y a sabiendas del impacto que generan en la formación de expectativas, justo en los momentos de tensión propios de las discusiones paritarias.
La bandera de una nueva devaluación fue izada en primer lugar por los habituales economistas del establishment, quienes en su prédica de esta semana confluyeron una vez más con los intereses del gran capital financiero mundial. Con sentido de oportunidad política, la calificadora Moody’s, por medio de su director Gabriel Torres, sostuvo abiertamente que «el gobierno necesitará hacer otra devaluación». Esta declaración se produjo en el marco de una nueva baja de la nota de la deuda soberana del país, señalando que existe «un entorno de políticas inconsistente que incrementa la posibilidad de que las reservas oficiales continúen bajo presión este año y el próximo». Es un hecho que no le perdonan al Gobierno Nacional la decisión estratégica de no recurrir al fondeo de los mercados internacionales, negocio del que las agencias participan, y del cual, se sabe, salen beneficiadas con el cobro de jugosas comisiones. Ese esquema de los grandes prestamistas, junto a los que califican a los países, se completa con las condiciones leoninas que impone el Fondo Monetario Internacional, un verdadero tridente financiero.
Por lo demás, y aunque la derecha económica, política y mediática verbaliza sobre la defensa del poder adquisitivo del salario, sus planes concretos la contradicen ya que con sus políticas termina apuntando directamente al corazón del ingreso y los derechos de la clase trabajadora. Con la inflación como ariete, recomienda contener el gasto público: subsidios, también salarios estatales y jubilaciones, entre los ítems más importantes, y la demanda en general, lo que en última instancia terminaría afectando el nivel de empleo y consecuentemente los ingresos del conjunto de los trabajadores. Nada nuevo bajo el sol. Más bien todo viejo y fracasado.
La perspectiva puede ser ampliada a partir de las enseñanzas de otras épocas. Un ejemplo cercano es el de la convertibilidad, un caso paradigmático de estabilización inflacionaria realizada a costa de fuertes impactos en términos de desempleo, informalidad laboral y empeoramiento de la distribución del ingreso. Ya conocemos cómo terminó este patético experimento. Y un poco más atrás está el legado de la última dictadura, cuando la participación de los salarios en el ingreso nacional se redujo drásticamente hasta el 26% en 1983 desde el 45% del año 1974, de la mano de políticas económicas ortodoxas -que incluso tampoco pudieron terminar con la inflación- y de un despiadado disciplinamiento de los trabajadores. La ideología de esos «planes» siempre vino acompañada de otras medidas: supresión de las actividades gremiales y del derecho de huelga y reformas a la Ley de Contrato de Trabajo, entre otras.
Actualmente, la situación del país y de las grandes mayorías sociales está en las antípodas de la que vivían en aquellas épocas de crisis, a pesar de los opinadores que tratan de instalar la idea catastrófica de que el escenario es crítico. Más allá de las diversas materias pendientes, el conjunto de los indicadores sociales y macroeconómicos nos colocan ante una realidad que desbarata cualquiera de los trucos fantasmagóricos que plantea el neoliberalismo político y mediático, como antesala necesaria para imponer sus clásicas recetas antipopulares.
Es en este marco que cobra mayor sentido la frase de Cristina: «El verdadero centro de la disminución de la pobreza ha sido el surgimiento del trabajo en la Argentina, del trabajo legal y registrado.» Una idea que nos interpela respecto de la necesidad imprescindible de continuar motorizando el nivel de actividad económica. En esa línea, tiene un rol relevante la consolidación del poder adquisitivo de los trabajadores por vía de las paritarias, con un renovado sentido por el retorno de las negociaciones colectivas de trabajo (entre 2002 y 2012 estas aumentaron de 208 a 1427), y la reactivación del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, entre otros grandes avances en el plano de los derechos laborales.
La puja por la definición y el sentido de las políticas públicas se torna cada vez más crítica y en ello el Ministro de Economía Axel Kicillof fue claro al señalar que «este gobierno tiene metas de crecimiento, empleo, producción y reindustrialización». Una definición central a la hora de establecer los objetivos políticos como prioridades y a partir de ahí plantear las herramientas posibles.
En este marco, desde una perspectiva social de progreso, adquiere una vigencia central el sentido económico y político de los Precios Cuidados y el control de las ganancias extraordinarias de monopolios extranjeros y locales. Esta lógica es rechazada por quienes intentan empujarnos una vez más hacia el sendero de la desaceleración de la actividad y el empleo, lo cual está en la base ideológica de los planteos de una derecha que, sin reparo alguno y con una buena dosis de realismo mágico, parece tratar de mostrar que todo lo que hace es por la defensa del bolsillo de los trabajadores, cuando en realidad su meta es la de siempre: transferir riqueza hacia la cúspide de la pirámide social y volver al endeudamiento externo y a los planes de ajuste. De lo que se trata, para nosotros, es de defender el salario de los trabajadores como un componente central de la lucha por la igualdad social, ya que allí se sustenta el verdadero sentido de la democracia.