El Acuerdo por una Seguridad Democrática (ASD), integrado por referentes políticos y sociales de diversos partidos y organizaciones, presentó el jueves 20 de marzo en el Salón Azul del Congreso Nacional el documento titulado «Para más seguridad, más democracia» que denuncia el carácter demagógico que se quiere imponer a la discusión pública en torno del anteproyecto de reforma del Código Penal y reivindica la necesidad de dar un debate abierto, plural y con rigor técnico en el parlamento que permita arribar a soluciones efectivas en materia de seguridad.
El Frente Nuevo Encuentro, los diputados nacionales Carlos Heller y Juan Carlos Junio y el diputado de la Legislatura CABA Edgardo Form acompañaron con su firma el documento rubricado por más de 600 legisladores, partidos políticos, referentes políticos, universidades, académicos, organismos y funcionarios públicos, organismos de derechos humanos, organizaciones y referentes sindicales, movimientos y referentes sociales, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, periodistas y particulares.
A continuación, texto completo del documento:
Para más seguridad, más democracia
En los últimos días se ha fortalecido un discurso oportunista de demagogia punitiva que intenta consolidar un endurecimiento represivo fuera de toda racionalidad democrática y especula con la desinformación de la opinión pública.
Las reacciones ante el tratamiento de un anteproyecto de ley para modificar el Código Penal sirven de base para el despliegue de argumentos autoritarios, tanto en su perspectiva penal, como en su desprecio por las instancias de debate institucionales.
Están en juego los principios democráticos que protegemos como sociedad y los modos en que lo hacemos. Con la excusa de impedir el avance del anteproyecto elaborado por una comisión redactora con representación de diversas fuerzas políticas se impulsa una campaña basada en mentiras y distorsiones informativas que intenta generar miedo para consolidar proyectos políticos de corte antidemocrático.
Los falacias demagógicas deben poner a la ciudadanía y a todo el espectro político en estado de alerta: se trata de un ideario que sostiene sin fundamentos que el aumento del poder de la policía, el incremento de las penas y el encierro masivo son las soluciones a los problemas de inseguridad.
Las evidencias muestran la falsedad de esos planteos. Las políticas basadas en el aumento de penas y el mayor encarcelamiento no reducen la inseguridad ni desactivan las redes de criminalidad causantes de los delitos que más preocupan a la población. Esas son las políticas que fueron el eje de todas las reformas penales de los últimos veinte años en el país y sólo aumentaron la violencia. La falta de democratización de las fuerzas policiales produce día a día mayor violencia, altos niveles de corrupción y connivencia con el crimen organizado y una gran ineficacia para prevenir y reprimir el delito.
Problemáticas complejas, como el narcotráfico, son usadas como coartada de modo irresponsable para justificar y extremar recetas autoritarias. Pero sabemos que la violencia no se resuelve con la guerra, ni dejándose seducir por atajos que consolidan la discriminación social y empujan la agenda de seguridad hacia la militarización.
A las organizaciones sociales y políticas comprometidas con la democracia y los derechos humanos nos preocupa que se instale una lógica en la que los referentes políticos compiten por liderar las propuestas de mayor endurecimiento y el componente represivo se presenta como única solución. Competencia que, al mismo tiempo, erosiona los mecanismos institucionales y las reglas básicas de la discusión en democracia: se ha argumentado a partir de mentiras y se proponen caminos inconstitucionales.
Desde el Acuerdo para una Seguridad Democrática, creado con el propósito de fomentar una discusión abierta y pluralista, basada en consensos mínimos sobre las políticas públicas de seguridad en democracia, valoramos el proceso de elaboración del anteproyecto en el que se comprometieron diversas fuerzas políticas como base para una discusión amplia en el Congreso y rechazamos el intento de clausura del debate. Muchos de los firmantes de este documento tenemos críticas, modificaciones o agregados al anteproyecto, pero creemos que hay que hacerlo por fuera de todo oportunismo electoral o demagogia, que luego cobra víctimas que vuelven a servir para construir una nueva demagogia, en un círculo vicioso que urge superar.
Buscamos reencauzar los términos y ámbitos de la actual discusión y, de cara a la sociedad, debatir con claridad y rigor técnico, las bases de una política criminal y de seguridad que sea democrática y eficaz, que para serlo no necesita tirar por la borda las mismas libertades públicas que forman parte de la calidad de vida que necesitamos defender.